El Supremo abre la vía a que viudas de militares saharauis reciban su pensión

Durante décadas, mientras el Sahara e Ifni eran colonias españolas, varios miles de nativos estuvieron alistados en las filas del Ejército. Cuando España dejó estos territorios en manos de Marruecos —Sidi Ifni en 1969 y el Sahara Occidental en 1976—, los dejó desamparados. Un día iban a trabajar y, al día siguiente, estaba todo desmantelado, recuerdan los familiares de quienes lo vivieron, que no recibieron indemnización alguna y que tuvieron que esperar hasta los años ochenta para obtener una pensión. La siguiente lucha fue la de sus esposas, que volvieron a perder ese derecho en 1999.

Tras más de una década de pelea judicial, el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de que las viudas de los militares saharauis afiliados en las tropas españolas hasta 1976 tengan derecho a la pensión. Una quincena de sentencias emitidas en los últimos dos meses sientan doctrina, lo que deja la puerta abierta para que cientos de viudas reclamen el subsidio.

El Ministerio de Defensa modificó en 1998 los criterios para la concesión de las pensiones de viudedad para las esposas de los militares locales y las denegó a todas aquellas cuyos maridos fallecieron a partir del año siguiente. Entre 2003 y 2007, varias sentencias favorables de los tribunales Superiores de Canarias y Madrid propiciaron una nueva apertura, pero el Gobierno volvió a frenar los pagos en 2011. El último veredicto del Supremo alega que el trato ha sido discriminatorio y marca un referente.

“Estamos muy contentas de que por fin se haya hecho justicia”, declaran Fatma Rahal y Fadma Achoubir, vencedoras de dos de los litigios, a través de su abogado, Daniel de León, que ha llevado medio centenar de casos hasta el Alto Tribunal que, según prevé, quedarán solucionados durante el mes de julio. “Solo querían ganar y callar”, insiste el letrado, “son gente muy humilde que no quiere hablar en público de su intimidad”.

Durante estos años, centenares de viudas han recurrido la denegación, aunque muchas otras no han podido llevar el asunto a la justicia. Las afectadas se encuentran dispersas entre los campamentos de Tinduf (Argelia), el Sahara Occidental, Marruecos, Mauritania y España. “Muchas no tienen medios para costearse un abogado. Viajar hasta la Península es muy complicado desde los campamentos”, relatan Mohamed Maulud y Hasen-Wa Ali, portavoces de la comisión de pensionistas del Frente Polisario, que representa a los jubilados ante la Administración.

Sidi Talebbuia, abogado licenciado en Sevilla, tiene 27 años y nueve hermanos, dos de ellos en España. Su padre, fallecido en 2001, perteneció a la Policía Territorial en El Aaiún, capital del Sahara occidental, y Smara, al este. Ahora solicitará la pensión de su madre, que no ha salido de los campamentos de refugiados en casi 30 años. “Con la decisión del Supremo, nos acogemos perfectamente a las condiciones”, explica. La familia posee aún el DNI bilingüe del padre en el que consta que era militar y acredita que fue español, el libro de familia de la época y el acta de matrimonio. Lala, su hermana, cuenta que su madre recuerda la época española como unos años maravillosos. “La tierra estaba ocupada, pero el trato era estupendo y pagaban todos los meses puntuales”, transmite.

La población saharaui se siente, pese a los buenos recuerdos, traicionada por el abandono. “Antes trabajábamos juntos, pero ahora la comisión del Ministerio de Defensa viene una vez al año a pasar lista”, apuntan los portavoces del Polisario. En los años ochenta reunieron la documentación de todos los que habían prestado sus servicios a España para gestionar su jubilación.

Los saharauis e ifneños que engordaron las filas de la Policía Territorial, Tropas Nómadas, Tiradores y otros cuerpos alcanzaron rara vez rangos de mando. El padre de Hmad Hammad llegó a alférez en la Policía Territorial de El Aaiún y murió en 2004. Después de recurrir, su madre consiguió una pensión de unos 250 euros en 2007 por el elevado rango del esposo en el Ejército, aunque en general las cuantías son más bajas y, en muchos casos, están por debajo de los 80 euros, que reciben mediante cheques. “Han estado defendiendo la misma bandera”, exclama Hammad. “Eran nómadas, los sacaron del desierto y les pusieron el uniforme. Durante la Guerra Civil los mandaron incluso a la Península a luchar con el bando franquista”, puntualiza, y cuenta cómo cada mañana, en el colegio un niño se encargaba de izar la bandera y cantaban a coro y armando fila el Cara al sol.

“Nunca pude probar su muerte”

“La última vez que vi a mi marido estaba en una comisaría en la posición de la gallina: colgado de los pies, con la cara desfigurada y lleno de sangre. Ni siquiera lo reconocí”. Safia Mobarak, de 57 años, tenía entonces apenas 18 y su esposo, Hamudi Lehib Baba, de 30, era soldado de la Policía Territorial. Junto a 92 de sus vecinos, incluido su bebé de seis meses, fueron capturados en Smara por la policía marroquí en 1976.

Mientras la leche materna se le endurecía en los pechos, Mobarak pasó un año en una celda diminuta sin noticias de su esposo y su hijo. Absorta por el rezo de Ramadán y la memoria, recuerda cómo su suegra rescató al bebé y 11 vecinas que acababan de dar a luz lo amamantaron para que sobreviviera, porque durante seis años “no hubo leche ni farmacias”. Baba desapareció para siempre. Marruecos asegura que fue juzgado por un tribunal militar y condenado a muerte, pero nunca ha entregado a Mobarak un documento que lo acredite. Otros 525 saharauis no volvieron nunca a sus familias, según Amnistía Internacional.

Los que, como Baba, habían estado alistados con las tropas españolas fueron especialmente perseguidos por los marroquíes tras la Marcha Verde de 1975, cuando Rabat ocupó el Sahara occidental, que acababa de ser abandonado por España. Sabían manejar las armas y muchos se habían pasado al Frente Polisario, el grupo independentista saharaui que estuvo en guerra con Marruecos hasta 1991.

"Tuve que esconder la documentación española durante años para que los marroquíes no la destruyeran", explica, sentada en el suelo, envuelta en una malehfa añil y contando sus plegarias con un ditisbih (rosario) mientras engulle la harira (sopa de garbanzos), su primer plato en el segundo día de Ramadán. Está en Badajoz porque necesita operaciones en el brazo, las rodillas y la vista. Como la mayoría de ancianos saharauis, es casi ciega porque el polvillo que en el desierto se levanta con el viento les daña los ojos. Empezó sus trámites médicos en 2012, pero el decreto que negaba la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles la dejó a medias.

Desde que salió de la cárcel, no ha vuelto a tener problemas con la policía. Aprendió a coser y empezó a confeccionar cojines y ropajes de seda que vendía a la población de Smara, la ciudad santa del Sahara occidental en la que siempre ha vivido. Habla del 10 de julio de 1976, cuando tres todoterrenos de la Gendarmería marroquí irrumpieron en una mañana apacible: “Nosotras estábamos preparando la comida y los hombres tomaban el té en el patio”.

A los 35 años, el hijo de Safia Mobarak es hoy mayor de lo que llegó a ser su padre: “Lo capturaron con el DNI español en el bolsillo y no he recibido nada. Nunca pude probar su muerte”, dice ella. Ahora quiere que un abogado gestione su pensión.