Una queja de la Intervención generó el fondo de los ERE

El origen del fondo de los ERE surgió tras las quejas de un interventor. Antes incluso de que se firmara el convenio marco que lo puso en marcha en 2001. Las subvenciones que la Junta andaluza había aportado entre 1999 y 2000 a la empresa cárnica de Jaén Hijos de Andrés Molina (Hamsa) se tradujeron en pagos directos desde la Consejería de Empleo. De ahí que la investigación se haya ampliado hasta 1999, por lo que ya abarca 12 años.

Cuando el interventor vio los pagos para un ERE de la empresa jiennense, en 2000 puso serios reparos y censuró que las ayudas a esta firma podían dañar el principio de libre competencia frente a otras empresas sin subvenciones. Y ante estos reparos, la Junta presentó sus alegaciones. Pero hizo algo más. Ese año tomó una decisión para evitar “ese dolor de cabeza”, en palabras de un ex alto cargo de la Consejería de Empleo. Al verano siguiente de 2001 el exconsejero y diputado José Antonio Viera y su sucesor Antonio Fernández, como presidente del Instituto de Fomento Andaluz, firmaron la creación del fondo, aunque el sistema de pagos ya había sido instaurado de antemano.

Ya por aquel entonces el conseguidor Juan Lanzas representaba a los trabajadores de esta empresa. Doce años después Alaya ha encarcelado a Lanzas y ha preguntado de manera insistente por el papel desempeñado en los ERE por el exconsejero de la Presidencia y diputado socialista Gaspar Zarrías. Los trabajadores de Hamsa siguieron peleando por sus empleos, y Lanzas siguió al frente de su representación sindical.

Zarrías se reunió en 2008 con Lanzas y los Ruiz-Mateos en la sede de la Presidencia del Gobierno andaluz para recolocar a parte de esa plantilla en una nueva planta de Dhul, según el relato del letrado imputado Carlos Leal, exjefe de Lanzas. Poco después el Consejo de Gobierno aprobó ayudas para Dhul por 15 millones, a pesar de los cuales no se crearon puestos de trabajo y la firma naufragó.

La juez ha censurado el uso de estas transferencias de financiación en su último auto por generar un “dispendio continuado de fondos públicos”. Y responsabiliza a 20 altos cargos de no frenarlo a tiempo. La indignación de estos imputados es patente. “La juez sostiene que hemos actuado para mantener un procedimiento que ha producido menoscabo de fondos. Es tan absurdo como para pensar que nos confabulamos 20 personas a lo largo de 12 años para sostener un proceso por el que personas ajenas a nosotros se llevaron dinero. Ella deja bien claro que es inacción”, protesta uno de ellos. La reacción de la Junta ha sido acusar a Alaya de instruir en su contra una “causa general”.