Desembarco con niños en Melilla y huida a la carrera hasta la comisaría

El chantaje puede parecer brutal, pero ha funcionado. Varios varones de los 31 subsaharianos que, el jueves, navegaban en una patera rumbo a Melilla amenazaron a la lancha de la Guardia Civil que se disponía a interceptarles con tirar a los menores al agua. La advertencia surtió efecto. Les dejó acostar en la playa de San Lorenzo poco después de la once de la mañana.

Algunos bañistas, como Rosa María Narváez Ferre, les vieron llegar y rodaron vídeos con sus móviles. En uno de ellos se ve como 24 “sin papeles” corren, nada más saltar de la patera, hacia la Jefatura Superior de Policía cuyo camino, aparentemente, conocen. Allí se les incoará un expediente de expulsión y se les trasladará al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Las tres mujeres pasajeras de la patera, una de ellas embarazada, y los cuatro menores, dos de ellos bebés, se quedan en la playa y se sientanen la arena. Algún bañista les ofrece comida y agua antes de que un par de coches-patrulla les conduzcan a la Jefatura de Policía. “¡Que dura es la vida de estas personas!”, escribe la testigo Narváez en su página de Facebook. “¡Que de historias viajan en esa barca!”.

Tras haber desatendido las órdenes de la Guardia Civil y “en su ánimo por forzar a toda costa la entrada de la patera en Melilla [los inmigrantes] amenazaron, mediante gestos inequívocos, a la Guardia Civil con tirar a los menores de más corta edad al agua”, reza una nota de la Delegación del Gobierno en Melilla. “Resulta un detalle escabroso (…), pero creemos que debe hacerse público” porque ilustra la extrema presión migratoria que padece la ciudad, concluye.

El recurrir al chantaje emocional por parte de los “sin papeles” se explica, probablemente, por experiencias de los últimos meses de pateras que lograron entrar en aguas de Melilla, pero que fueron remolcadas por el instituto armado hasta aguas marroquíes. Sus pasajeros fueron entregados a la Gendarmería, según han denunciado ONG como Prodein, que encabeza en Melilla José Palazón, y la Asociación Pro Derechos Humanos de José Alonso.

Mohamed Camara, de 18 años, de Guinea Conakry, contó el 21 de marzo a este corresponsal como dos días antes, pese a estar a menos de 30 metros de la costa de Melilla, la Guardia Civil trasladó a los pasajeros del pequeño pesquero en el que viajaba a una zodiac y, por pequeños grupos, los fue depositando en el muelle marroquí.

El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik el Barkani, siempre ha negado estas prácticas que, de ser ciertas, serían ilegales.