Las advertencias de la Intervención marcan las nuevas imputaciones

La imputación de 20 altos y exaltos cargos de la Junta andaluza se sustenta sobre una pregunta clave: ¿Por qué el Gobierno autónomo mantuvo el fondo de los ERE pese a las repetidas alertas de la Intervención General? La Guardia Civil y la juez han censurado la opacidad del sistema de pagos a través de la transferencia de financiación, “una figura absolutamente inadecuada”. Pero antes de los investigadores, la Intervención General de la Junta ya emitió hasta 15 duros informes que criticaban los abonos y que entre 2003 y 2008 cayeron en saco roto.

El Gobierno siempre ha alegado que la Intervención nunca emitió el informe de actuación que habría alertado de un código rojo sobre el menoscabo de fondos públicos. Pero estas alegaciones le granjearon al Ejecutivo una guerra abierta el verano pasado con el ex interventor general, Manuel Gómez, que defendió su gestión con uñas y dientes. Durante la comisión de investigación parlamentaria, Gómez explicó por qué era imposible emitir el informe de actuación (el mecanismo, con un nulo control de Innovación sobre los expedientes de Empleo, lo impedía) y sobre todo acusó a su antiguo superior en Hacienda, el exconsejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de “cebar sin descanso la corrupta partida” por las sucesivas ampliaciones presupuestarias del fondo.

Gómez utilizó jugosas metáforas para traducir su papel y la falta de respuesta de las tres consejerías afectadas, Empleo, Innovación y Hacienda: “Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que hay llamas en el extractor, ¿usted llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmara la noticia por carta? (...) Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó”. El exinterventor culpó de mirar para otro lado a Griñán, a su actual consejera de Economía y exviceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, al diputado y exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, este último diputado a Cortes.

A sus críticas, el presidente Griñán replicó con énfasis que los informes de la Intervención “nunca, nunca, nunca” advirtieron del menoscabo de fondos públicos y, sobre todo, que los informes no llegaron hasta su despacho, sino que solo Martínez Aguayo los leyó y nunca le informó del problema.

El caso acumula ya 93 imputados. Desde ayer, junto a la exministra Magdalena Álvarez, su antiguo número dos José Salgueiro y el viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano, destacan como acusados dos exviceconsejeros de Innovación (Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez), el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas y el interventor delegado en Empleo Juan Luque, tres secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo (Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina) y los directores de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete y Antonio Valverde.