“Matas utilizó a la Administración por encima de los fines constitucionales”

“Te voy a ayudar en lo posible”, le dijo el expresidente balear Jaume Matas al periodista Antonio Alemany cuando este le contó que tenía en mente impulsar un diario digital y una agencia de noticias en Baleares. Sobre las palabras pronunciadas no hay discusión. Tampoco la hay sobre que el proyecto se llevó a cabo gracias a una subvención del Gobierno balear de casi 450.000 euros. Pero, mientras la defensa de Matas argumenta que se trata de una frase normal y habitual y que el contrato se hizo de manera lícita porque el proyecto era “muy interesante”, la fiscalía, la acusación particular ejercida por el Gobierno balear y la Audiencia de Palma defienden que esa reunión supuso el principio de una estrategia que culminó con la comisión de seis delitos que tenían por objeto favorecer al periodista —que elaboraba previo pago los discursos de Matas y luego lo halagaba en sus columnas—.

“Se utilizó a la Administración por encima de los fines que la Constitución prevé”, defendió el fiscal. “Es más, se hizo todo lo contrario”. El Tribunal Supremo decidirá ahora, tras la vista pública celebrada este martes, si ratifica la extensa sentencia de la audiencia provincial, de 172 folios, dictada en marzo de 2012 que condenaba a Matas a seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación.

Esta fue la primera de las numerosas causas del expresidente balear —que ostentó el cargo de 1996 a 1999 y de 2003 a 2007— y exministro de Medio Ambiente con el Gobierno de José María Aznar (2000-2003) dentro del caso Palma Arena; y la primera que puede llevarle a la cárcel. Matas podría eludirla solo si el Supremo rebajara la pena y la condena fuera igual o inferior a dos años.

La fiscalía pidió la confirmación íntegra de la sentencia, que calificó de “correcta”, por los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la Administración, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. El fiscal Fernando Sequeros defendió la necesidad de una sanción para “los gobernantes que mal gobiernen y aquellos que se valen de funciones para lucrarse en sus intereses privados”. “Todo fue un artificio, un ropaje formal que se le puso a un muñeco para que esa persona pudiera satisfacer sus intereses como periodista”, añadió. La abogada del Gobierno balear solicitó también la confirmación de la sentencia e incidió en que la resolución acreditaba perfectamente el uso de dinero público para el pago de comisiones.

El expresidente solo eludiría la prisión si el alto tribunal le rebajara la pena

“Esa persona”, el periodista y columnista de El Mundo Antonio Alemany, fue penado por la Audiencia de Palma a tres años y nueve meses de cárcel por prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias. Por un lado, Alemany cobraba por la redacción de los discursos de Matas. Pero no lo hacía a través de un contrato como asesor, ni de un contrato menor —que hubiera sido lo lógico—, sino que se abrió para ello un concurso público de urgencia para ello. En este momento entró en el asunto otro de los condenados, Miguel Romero de la Cerda, dueño de la empresa Nimbus, a quien Matas habría “rogado”, según la sentencia, que se presentara al concurso explicándole que la única finalidad del mismo era pagar a Alemany. Con esta extraña fórmula, delictiva para la Audiencia de Palma, Alemany cobró entre 2003 y 2007 casi 200.000 euros. Además, recibió 11.550 euros por unas entrevistas que jamás han sido halladas ni publicadas ni sin publicar. No fueron los únicos emolumentos que cobró del Gobierno balear. Por otro lado, Alemany recibió una subvención de 449.734 euros para su proyecto de agencia de noticias balear.

Los otros dos condenados, Miguel Romero y el exdirector de Comunicación del Gobierno de Matas, Joan Martorell, colaboraron con la fiscalía y recibieron penas de cárcel inferiores a los dos años. Sus testimonios fueron calificados de “poco fiables” por las defensas de Matas y Alemany.

La letrada del exministro, Pilar Gómez Pavón, alegó que la sentencia condenatoria se basa en una serie de indicios y suposiciones que no desvirtúan la presunción de inocencia de Matas, que lo que cobró Alemany no fue “desproporcionado”; que el contrato “se cumplió satisfactoriamente para todas las partes y perseguía un interés público”; y que por lo tanto no hubo delito alguno.

Los magistrados Carlos Granados, Alberto Jorge Barreiro, José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena serán los que decidan si, finalmente, el expresidente entra en prisión.