La banca informará a los deudores de los cambios sobre desahucios

La Banca y las Cajas de Ahorro se comprometen a recomendar a sus entidades que sean muy activos en informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que se han abierto tras la aprobación de la Ley de Medidas para Reformar la Protección a los Deudores Hipotecarios, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social. Este es el compromiso que han contraído con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha mantenido en los últimos días reuniones con los máximos dirigentes de la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA), así como con los presidentes de las principales cajas.

La defensora ha llevado al ánimo de estos gestores que el drama de la mayoría de los afectados empieza “cuando reciben la carta conminatoria del banco”, y no la del Juzgado, recalcan en fuentes de la institución. Aun así, la oposición parlamentaria considera que la ley es del todo insuficiente porque excluye a amplias capas de afectados, por lo que continuará con la presentación de iniciativas aunque aguardará un tiempo para hacer balance de la aplicación de la ley.

De momento la defensora ha pedido que en las entidades bancarias avisen a los deudores de la posibilidad de continuar en la vivienda tras la finalización del procedimiento de ejecución, siempre que acrediten las condiciones establecidas en la ley. Además, les deben avisar del contenido del Código de Buenas Prácticas que recomienda la reestructuración de la deuda con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. Becerril pide encarecidamente que los lanzamientos, es decir, el desalojo de la vivienda, se paralicen dos años.

El problema de los desahucios ha llevado a la institución del Defensor del Pueblo a realizar numerosas recomendaciones aunque muchas de ellas no se han recogido en la ley. Por ejemplo, no han atendido la regulación de un procedimiento de “insolvencia de las personas físicas” en el que se establezcan plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible. La limitación de los elevados intereses de demora sí se recogen en la ley así como la rebaja en los gastos de ejecución. Antes de que el juez se haga con el asunto la Defensora abogaba, y mantiene ese criterio, por actos previos de conciliación entre el banco y el deudor.

Por otro lado, la defensora recomendó el pasado 14 de junio al Banco de España que actuara en defensa de los consumidores e instase a las entidades financieras a que apliquen la sentencia del Tribunal Supremo que anula las cláusulas suelo. El Ministerio de Economía también ha hecho la misma petición.

“No podemos olvidarnos de los temas económicos, estos continúan; tanto en los desahucios como en la adquisición de las preferentes”, señalan fuentes del Defensor del Pueblo. El Gobierno ha regulado por ley ambos asuntos pero los problemas siguen porque aunque en los desahucios se ha avanzado un trecho al no haber nada regulado, aún no se ha conseguido una auténtica norma de “segunda oportunidad”.

En el caso de las preferentes la insatisfacción es generalizada porque aunque hay miles de personas que se han querido someter al arbitraje otros muchas más siguen sin resignarse a que les quiten ni un euro de lo que consideraron que era un deposito. Las razones del supuesto engaño y de haber regulado una solución a través de un decretoley, cuando los asuntos que afecten a derechos requieren una ley, son algunos de los argumentos del recurso de inconstitucionalidad que ha presentado hoy el Grupo Socialista ante el alto tribunal. La portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, y el diputado socialista que lleva este asunto, Antonio Hurtado, han estado rodeados de decenas de afectados con pancartas alusivas a la devolución de su dinero. “Se les ha tratado como inversores cuando eran ahorradores”, ha dicho Soraya Rodríguez, haciéndose oír con dificultad ante las proclamas reivindicativas expresadas en voz muy alta de los preferentistas.