Baleares autoriza chalés sin alcantarillado para activar urbanizaciones paralizadas

El Gobierno de Baleares acaba de exonerar, otra vez y con una prórroga de tres años, el cumplimiento de una ley que obliga a las nuevas casas, aisladas, a conectarse a una red de saneamiento de aguas negras. La norma exige establecer infraestructuras y redes comunes, entre ellas el alcantarillado. El objetivo del Ejecutivo que dirige José Ramón Bauzá (PP) es activar el desarrollo del sector de la construcción en suelos urbanos paralizados por falta de servicios.

En las zonas residenciales, el Gobierno concederá licencias de obra nueva, final de obra o cédulas de habitabilidad para casas aisladas sin conexión posible a conducciones sanitarias, siempre que se habilite un pozo negro y se exprese el compromiso y se haga un depósito para realizar en el futuro la alcantarilla general. De esta forma, se da cobertura legal a una posible ampliación de decenas de urbanizaciones en Baleares y núcleos en suelo urbano o urbanizable y se abre la vía a una posible contaminación del sistema hídrico cercano a las casas.

El día 5 de agosto de 2013 entraba en vigor la obligación de contar con la conexión a la red de alcantarilla para construir un chalé nuevo. El Ejecutivo del PP ya salvó con una anterior prórroga esta circunstancia.

El poder autonómico aprobó el pasado viernes, 21 de junio, un decreto con la prórroga de la ley, en la que carga contra la norma actual. Según el Gobierno de Bauzá, la ley de 2010 que obliga a la conexión al alcantarillado “no garantiza de forma clara y suficiente la futura conexión a la red de saneamiento”. El Ejecutivo, según ha manifestado, elabora ahora una normativa reguladora de la ordenación y el uso del suelo que fijará “los servicios urbanísticos básicos para los núcleos de población”. Advierte que “la mayoría de ayuntamientos afectados no ha aprobado definitivamente los proyectos de urbanización o dotación de servicios de alcantarillado, bien por falta de recursos, porque el plazo es insuficiente o por otras circunstancias”.

La norma que evita la existencia de la red de aguas negras se dicta por la vía excepcional del decreto ley , es decir, sin debate social ni parlamentario previo, amparándose en las “circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad” que la ley obliga para legislar de esa forma.