Los gobiernos autonómicos acogen con frialdad la supresión de los defensores

Está en manos de los parlamentos autonómicos poner en marcha los mecanismos necesarios para suprimir la institución de los 11 defensores del pueblo autonómicos existentes, ya que el Defensor del Pueblo, dependiente de las Cortes Generales, podría asumir sus funciones. La reacción pública a la recomendación del Gobierno de que se extingan ha sido cautelosa, toda vez que el Gobierno no tiene capacidad para obligar a esa supresión. Ningún Gobierno autonómico se va a precipitar en la respuesta, según se constata en las consultas realizadas. No ha ocultado su estupor el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, que lamenta este ataque “centralista cuando la Constitución española no lo es”. A modo de recomendación, sugiere que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, repliegue su actividad a asuntos que no sean de competencia autonómica. La recomendación gubernamental ha coincidido con la aprobación por el Parlamento asturiano del “cierre ordenado” de esa institución.

Un ahorro de 30 millones supondría la supresión de los 11 defensores del pueblo autonómicos y tan solo con dos millones más de los que ahora tiene de presupuesto la Defensora del Pueblo, de 14 a 16, podría asumir sus funciones. Este es el cálculo gubernamental del que difieren la mayoría de los consultados, aunque, de momento prefieren estudiar la situación y calibrar la acogida que ha tenido la propuesta entre las fuerzas políticas de cada Parlamento. El presidente de Galicia, del PP, Alberto Núñez Feijoo, está en actitud de no pronunciarse precipitadamente. “Aún no he tomado una decisión”, ha señalado, respecto al Valedor do Pobo.

Sí han tomado posición, y en contra, la mayoría de las fuerzas políticas de Cataluña, aunque no se ha pronunciado aún el PP de esa comunidad, en tanto que Ciutadans ha pedido calma. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, llama la atención sobre la anomalía en la que vive la institución nacional del Defensor del Pueblo. “España es el único Estado del mundo con unidades territoriales en las que hay un defensor nacional que puede entrar en todos los rincones y crear duplicidad; eso es un auténtico anacronismo”. La Defensora del Pueblo tiene potestad para recibir quejas de todos los ciudadanos españoles, aunque si la materia que se trata es de competencia autonómica, tiene que dirigirse a las autoridades de esa comunidad autónoma.

En su condición de miembro de la ejecutiva mundial de la institución del Defensor del Pueblo, Ribó proclama que la intención del Gobierno de suprimir a los defensores autonómicos va en contra de todas las recomendaciones internacionales, que consideran del todo idónea la existencia de defensores en ámbitos territoriales. “El Parlamento Europeo lo ha votado por unanimidad”, afirma tras haber sido el ponente de un informe internacional de los defensores ante la cámara europea. “El anacronismo lo constituye tratar de forzar un Estado centralista que ya no está en la Constitución”, ha reprochado Rafael Ribó.

Ya no habrá debate en Asturias porque su Parlamento decidió ayer suprimir la institución de una manera “ordenada”, es decir, cuando termine la tramitación de los asuntos en marcha. La desaparición del Procurador General del Principado de Asturias formó parte del acuerdo de gobierno entre el PSOE y el único diputado de UPyD, ya que este partido así lo exigió. Su voto fue decisivo para que, sumado a los votos del PSOE y de IU, el socialista Javier Fernández, alcanzara la presidencia. No obstante, la supresión de esta institución asturiana no ha sido a propuesta del partido gobernante ni del diputado del partido que dirige Rosa Díez, sino que el asunto ha llegado propiciado por el PP, a través de una proposición de ley, ante la “tardanza” del PSOE en hacerlo. No ha sido consensuado con Izquierda Unida, que ha votado en contra.

El presupuesto para 2013 del Procurador General del Principado es de 1,2 millones de euros, que seguramente se extinguirá este año después de cinco años de vida. Desde la tribuna de invitados, un grupo de personas extendió una pancarta en defensa de la institución. El año pasado los asturianos presentaron al procurador 270 quejas, mientras que más del doble prefirieron dirigirse a la institución del Defensor del Pueblo en Madrid. La falta de raigambre entre la sociedad es el argumento que más se ha utilizado por los políticos asturianos para justificar el cierre, con excepción de IU y las plataformas que han aflorado en defensa de la Procuradoría. No han tenido éxito.