Lógica excluyente

El sistema electoral español es formalmente constitucional, pero materialmente es preconstitucional. Fue predefinido en la Ley para la Reforma Política de 1976 y concretado en el real decreto ley de 1977 que presidió la convocatoria de las elecciones de 15 de junio de 1977. Los elementos decisivos del sistema, el número de 350 diputados, la provincia como circunscripción electoral, el mínimo de dos escaños atribuidos a cada provincia y la fórmula D’Hont, entraron en nuestro sistema político antes de la entrada en vigor de la Constitución. La Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General los hicieron suyos, pero no fue una creación suya.

Este sistema electoral no impide la presencia de múltiples partidos en el Congreso de los Diputados, pero sí tiende a separar con una barrera infranqueable a los dos primeros de todos los demás. En todas las elecciones celebradas desde 1977 a 2011 ha habido como mínimo 10 y como máximo 13 partidos que han tenido representación parlamentaria. Pero el voto ha tendido a concentrarse en los dos primeros. Si en 1977 y 1979 los dos primeros partidos no llegaron a concentrar el 65% por ciento del voto, a partir de 1982 concentraron más del 70%, salvo en 1989 (65,39%), llegando en dos ocasiones, 2000 y 2004, a pasar del 80%. La concentración de escaños es muy superior.

La variable decisiva en la distribución del poder es la distancia entre los dos grandes partidos. La mayoría absoluta no depende del porcentaje de voto que obtiene el primer partido, sino del que obtiene el segundo. Lo que ocurre con los demás partidos es relevante en la medida en que incide en la distancia entre los dos primeros partidos. En 1989 el PSOE, con el 39,6% de los votos, obtuvo 175 escaños, porque el PP obtuvo el 25,79% (107 escaños). En 2008, con el 43,87%, obtuvo 169 escaños, porque el PP obtuvo el 39,84% (154 escaños). Si PP y CDS hubieran ido juntos en 1989, habrían obtenido 140 escaños y el PSOE 157. Desde entonces, la concentración del voto de la derecha y del centro derecha español en el PP hace prácticamente imposible una mayoría absoluta socialista. A la inversa ocurre en el interior de la izquierda. La distancia entre PSOE y PP, o PP y PSOE, está muy determinada por el voto de IU.

El sistema electoral condiciona el debate entre los partidos. Conduce a un choque frontal entre los dos partidos de gobierno, excluyendo cualquier tipo de acuerdo entre ambos; o bien a la exclusión de todos los demás cuando los dos grandes alcanzan un acuerdo. El PP y el PSOE únicamente están dispuestos a hablar con los demás partidos cuando previamente han evaluado cada uno de ellos el coste/beneficio del acuerdo en su enfrentamiento recíproco. En el momento en que las direcciones del PP/PSOE han hecho esta evaluación, los demás partidos dejan de estar interesados en participar.

Así ha ocurrido en todos los acuerdos importantes que se han alcanzado desde la entrada en vigor de la Constitución. Ocurrió en los pactos autonómicos de 1981, en los que se definieron el mapa autonómico y el procedimiento y calendario para la construcción del Estado autonómico. Así volvió a ocurrir en 1992, con los segundos pactos autonómicos y la reforma de los estatutos de autonomía de las comunidades del artículo 143 de la Constitución, a fin de equipararlas a todas desde el punto de vista competencial. Así ocurrió en 2011 con la reforma del artículo 135 de la Constitución.

El PP o el PSOE pueden hablar cada uno de ellos por separado con los demás partidos. Pero no los dos juntos. Y a la inversa. Los demás partidos pueden hablar con cada uno de ellos por separado, pero no con los dos juntos. Esta es una de las razones del empobrecimiento del debate político en nuestro país. El sistema electoral propicia el sectarismo de los grandes y la exclusión o la tendencia a la autoexclusión de los demás.

Hasta la pasada legislatura el empobrecimiento del debate había afectado a la calidad de nuestra democracia, pero sin que se llegara a una situación alarmante. Ahora ya no es así. Todos los estudios de que disponemos indican se está erigiendo una barrera de incomunicación entre la sociedad española y su sistema político, que, además, no deja de hacerse cada vez más alta. La sociedad española hizo suyos los pactos de 1981 y 1992. No estoy seguro de que haya hecho suya la reforma de la Constitución de 2011. Y estoy seguro de que desconfía de los pactos que puedan alcanzar PP y PSOE sin contar con los demás de cara al futuro. PP y PSOE no son reconocidos en este momento por la sociedad española como los intérpretes de sus problemas y de las políticas precisas para hacerles frente. Lo peor es que no es fácil salir de donde estamos.