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Anticorrupción se opone a que el expresidente Aznar declare como testigo

El ministerio público no ve necesaria la comparecencia del expresidente del Gobierno

Acusa a la Asociación de Abogados Demócratas por Europa de buscar únicamente la "censura" del exlíder popular

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto este viernes a que el expresidente del Gobierno José María Aznar declare como testigo en el llamado caso Bárcenas, en el que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, tal y como pidió una de las acusaciones populares en esta causa.

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha informado en este sentido al juez Pablo Ruz, al que la pasada semana la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) pidió que citara a Aznar como testigo, tras haberle identificado el exdiputado popular Ignacio del Burgo como la persona que aprobó una compensación a un exconsejero navarro, así como por haber recibido del PP 782.695 euros en seis años.

En su escrito, de cuatro folios, el fiscal se opone a la comparecencia de Aznar porque "no es necesaria". "No aporta nada nuevo al procedimiento, ni resulta relevante o útil para el esclarecimiento de los hechos que se investigan", asegura el ministerio público. Además, sostiene que Adade pide la comparecencia de Aznar como testigo para "someter su conducta a la censura", lo que "excede la función del proceso penal".

Adade consideraba necesario que el expresidente testificara después de que Del Burgo declarara en el Juzgado que fue la dirección del PP, y en concreto el presidente del partido, que él mismo precisó que era Aznar, quien decidió abonar una compensación al exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra Calixto Ayesa. Adade fundó su petición de que declarara Aznar en la posibilidad de que el testimonio prestado por Del Burgo no fuera cierto. "No encontramos motivo alguno que nos haga dudar de la afirmación realizada por Jaime Ignacio del Burgo, relativa a que fue José María Aznar López quien acordó el pago a Calixto Ayesa, como compensación mensual por el quebranto económico que le generaba cerrar su consulta como dermatólogo para el ejercicio de un cargo público para el que le propusieron", rebate la fiscalía.

Los abogados de la acusación popular pretendían también que Aznar confirmara con su declaración si percibió sobresueldos cuando ya era presidente del Gobierno y, en caso afirmativo, si los declaró a la Hacienda Pública. Para sostener esta teoría, Adade recuerda los pagos que figuran a un tal "J. M." en los papeles de Bárcenas y que suman 1,53 millones de pesetas (9.000 euros) entre abril y agosto de 1990, asi como los 782.695 euros que aparecen a nombre de Aznar como gastos de representación entre los años 1990 y 1996 en la contabilidad oficial del PP.

La fiscalía afirma que el pago de las cantidades reflejadas en las cuentas oficiales del partido "no revelan a priori ninguna actividad de naturaleza delictiva", y que si lo fueran ya habrían prescrito. En cuanto a las anotaciones de Bárcenas de pagos a "J. M.", el ministerio público sostiene que no hay "ningún elemento o indicio" en la causa que permita afirmar que dichas iniciales corresponden con las del expresidente del Gobierno.

Fuentes judiciales consideran que con esta negativa del fiscal, el juez Pablo Ruz desestimará la petición de la acusación popular de que se cite a Aznar como testigo. Otra acusación -la encabezadas por IU y la Asociación Libre de Abogados- ha pedido también la comparecencia del expresidente, así como la de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y sus antecesores en el cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos.

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