El Gobierno lanza un plan de 37.700 millones que ahorra 2.146 al año

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha presentado este viernes el informe de la reforma de la Administración, que ayer ya anunció el presidente Mariano Rajoy. En él, el Ejecutivo plantea reformar 57 organismos públicos dependientes del Estado pero sobre todo pone deberes a las autonomías, pese a que no puede obligarlas a su cumplimiento. El objetivo de esta reforma, ha dicho la vicepresidenta, es que "el aparato institucional sea más racional y eficiente", pero, sobre todo, tener "una Administración volcada en el gestionado". La vicepresidenta ha querido detallar el conjunto del gasto que la reforma de la Administración conseguirá, con la que ha dicho que se ahorrarían 37.620 millones. Pero la reforma presentada por Santamaría y Cristóbal Montoro en La Moncloa con gran aparato ahorrará solo 2.146,6 millones en cada uno de los tres años de su implantación.

El documento colgado por la tarde en la web de La Moncloa pone negro sobre blanco el ahorro efectivo de la reforma para adelgazar la administración recogida por los expertos nombrados por el Gobierno para este menester. "El conjunto de todas las medidas", es decir, todas las reformas ya puestas en práctica desde el inicio de la legislatura, y no solo la presentada ahora para adelgazar la Administración, acabarán suponiendo que en los cuatro años de Gobierno de Rajoy "el sector público habrá dejado de gastar 37.620 millones de euros". El Ejecutivo incluye los recortes del Estado que ya ha hecho, los que va a hacer y los que aún no ha acordado con las comunidades y ayuntamientos.

La reforma de la administración como tal (sin acumular otras medidas como en la cifra anterior) supondrá unos ahorros acumulados totales de 6.440 millones de euros en los tres años de su implantación. La vicepresidenta incluso ha vaticinado una cifra sobre lo que se ahorrarían los ciudadanos y las empresas cuando todo el proceso de adelgazamiento y simplificación de trámites esté concluido y a pleno rendimiento: 16.295 millones.

El documento del Gobierno introduce esta cautela para dejar claro que las cifras que se ofrecen son por aproximación: "Es preciso tener en cuenta que, para algunas de las medidas estructurales más relevantes, consideradas tanto en este informe como en aquellas que han sido ya puestas en marcha o están en vías de aprobación, no ha podido determinarse a priori su impacto económico, por lo que estos valores deben tomarse como extraordinariamente prudentes".

La vicepresidenta ha afirmado a grandes rasgos que este recorte se conseguirá a lo largo de un lustro gracias a medidas que el Gobierno ha puesto en marcha aunque ni mucho menos ha completado: la reforma de los Ayuntamientos (una ley que está previsto que se apruebe antes de finalizar el 2013); el estudio sobre duplicidades administrativas que hoy recibió el visto bueno (cuyo eje está en las recomendaciones para las Comunidades Autónomas, que podrán no adoptar las medidas) y el recorte pasado y futuro en el capítulo de personal (en esta legislatura se han destruido 377.000 empleos públicos). Además el Gobierno ha tomado la decisión de vender parte de su patrimonio: 15.000 inmuebles y edificios singulares saldrán al mercado en un momento de estancamiento del sector.

Gracias a todo lo anterior, el Estado verá reducidos sus presupuestos en 17.500 millones entre 2011 y 2015, lo que supone una media de 3.500 millones anuales (el equivalente a lo presupuestado este año por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Justicia). Solo los planes presentados esta mañana en el Consejo de Ministros, que según el Gobierno no conllevan despidos, serán responsables de una pequeña parte de ese recorte: 6.500 millones de euros.

Santamaría ha explicado que la pretensión del Gobierno es instaurar una nueva "filosofía de la cooperación", en la que las tres Administraciones -local, autonómica y central- compartan información y servicios, lo que permitirá la planificación.

El Ejecutivo no puede obligar a las comunidades a cumplir, pero sí recomendará y maniobrará gracias al poder que le da la situación financiera de muchas de ellas y la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que estas supriman otros 90 observatorios, eliminen todos los defensores del Pueblo autonómicos, todos los tribunales de Cuentas, las agencias de protección de datos, los órganos de defensa de la competencia y hasta los institutos de opinión.

Algunas de esas instituciones están tan arraigadas que es poco probable que las autonomías con más peso político, es decir, Cataluña pero también Andalucía, y más que probablemente Euskadi y Galicia, que aún no han sido informadas de este proyecto, acepten sin más eliminarlos. El plan es por tanto ambicioso, aunque su corazón depende de la colaboración de las autonomías, pero el Gobierno insistió este jueves en que toda esta compleja reforma se quiere hacer sin destruir un solo empleo público.