Aznar

Uno o dos días después de la entrevista de Aznar en Antena 3, Ignacio Camacho, periodista que suele tener buena información sobre el PP, comentó en Onda Cero que esa aparición del expresidente formaba parte de un proyecto que incluía un sondeo sobre los efectos de la entrevista y cuyo siguiente escalón sería otra intervención pública en junio. Seguramente se trataba de la conferencia del lunes pasado en el Club Siglo XXI. La idea implícita era que alguien estaba tanteando la posibilidad de un regreso de Aznar, y que, por tanto, lo que dijo sobre esa hipótesis no era una improvisación.

Pero no insistió en ella el lunes. Seguramente alguien le aconsejó que no lo hiciera: porque la mera insinuación es un factor de discordia en el PP y porque hacerlo va en contra de la imagen de sí mismo construida por Aznar: la del líder que pudiendo seguir se retira voluntariamente. Cinco días antes de las elecciones del 14 de marzo de 2004 (y dos antes de la masacre del 11-M), Le Monde publicaba una entrevista con él cuyo título, a cuatro columnas, era: “La lección de José María Aznar a la derecha francesa”. La lección consistía en haber anunciado con tiempo que no permanecería más de dos legislaturas, y haberlo cumplido porque, como comentaba él mismo, “prolongar demasiado [la permanencia en el poder] tiene más inconvenientes que ventajas”. Y añadía: “Soy consciente del aspecto excepcional de mi decisión, que es el fruto de una reflexión política y de un compromiso moral ante los ciudadanos”.

Que mantuviera ese compromiso fue motivo de elogios en los meses anteriores a las elecciones, incluyendo los de personas que apenas compartían otra cosa con él. Pero si se trataba de una decisión moral, no condicionada por razones de oportunidad, la idea de volver una década después por los motivos que fueren destruiría esa imagen para devolver la de tantos dirigentes con síndrome de indispensables. Como si el Papa Ratzinger, cuya trayectoria tiende hoy a valorarse a la luz de su extraordinaria retirada, decidiera de pronto regresar por desacuerdo con la línea del pontificado de Francisco.

En ausencia de ese factor personal que dio picante a la entrevista del 21 de mayo, lo sustancial de su conferencia del 10 de junio fue la apelación a que Rajoy hiciera valer su mayoría absoluta para aplicar “un programa de reformas de alta intensidad” no supeditado a la búsqueda de pactos o consenso sobre asuntos como la cuestión catalana, la reforma educativa o la fiscalidad. Se trata de una vieja convicción de Aznar, aunque a él le fue mejor en su primera legislatura, cuando la falta de mayoría le obligaba a pactos diversos, que en la que se inició en 2000 con esa mayoría asegurada.

El debate sobre la alternativa entre pactos o decisionismo es un clásico de la política europea. Hace más de 20 años, Maurice Duverger publicó un artículo titulado Europa, entre la impotencia y la decisión en el que sostenía que la distinción esencial entre los Gobiernos europeos no dependía de sus ideologías sino de si contaban o no con una mayoría que “permita resolver los problemas en vez de dejarlos en una permanente espera”. Una derivación ulterior de ese debate fue el planteado en países con estructura federal, como Alemania. Thomas Darnstädt es el autor de La trampa del consenso (Trotta, 2005), obra en la que intenta demostrar que la complicación de los mecanismos constitucionales asociados a la descentralización no solo condiciona sino bloquea la toma de decisiones de las instituciones federales, en perjuicio de la eficacia.

La advertencia de Aznar ha coincidido, quizás por casualidad, con un viraje de Rajoy a favor de explorar posibles acuerdos con la oposición en relación a problemas como la posición española ante la política europea o el bloqueo de la reforma educativa del ministro Wert. Este último tema es uno de los que requieren consenso al margen de que el Gobierno tenga o no mayoría absoluta. Porque su aplicación depende de una comunidad educativa muy plural y porque su eficacia requiere continuidad del marco legal.

Lo que no impide que cada vez que hay cambio de Gobierno el entrante se proponga cambiar el modelo anterior. Lo hizo el PSOE cuando ganó Zapatero, que primero paralizó el calendario de aplicación de la LCE, ya aprobada, y luego la derogó. Y lo ha hecho ahora el PP con su LOMCE; con el añadido de que el PSOE ya ha anunciado su intención de derogarla en cuanto vuelva a La Moncloa. La acusación es siempre la falta de voluntad de consenso del otro.

Es un ejemplo de que no siempre la decisión para hacer valer la mayoría, modo Aznar, es el camino más corto hacia la eficacia. Pero anunciar que la derogará cuando pueda, modo Rubalcaba, no es corregir sino prolongar lo que se dice querer evitar.