Assange, riesgo para la seguridad

Entre los elementos que pueden generar nuevos riesgos o amenazas o multiplicar y agravar sus efectos figura “la creciente interferencia de individuos cuyas actuaciones, como la difusión de información sensible o de rumores de forma indiscriminada, son distorsionadores o pueden afectar a la confianza de las instituciones”. La alusión de la estrategia tiene un claro destinatario: Julian Assange y su organización Wikileaks, convertida en arma de desvelación masiva de secretos.

La preocupación por mantener los secretos impregna el documento. Por ejemplo, cuando, al hablar del espionaje, advierte de la proliferación de “sofisticados programas de capacitación tecnológica, susceptibles de proporcionar acceso a ingentes volúmenes de información y, en el peor de los escenarios, a datos sensibles”.

No sorprende por ello que una de sus recomendaciones sea la “elaboración de una normativa actualizada para regular la protección de la información clasificada”, lo que debería llevar a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que ya tiene tres décadas.

Lo que sí recoge la estrategia, de modo expreso, es el mandato de aprobar una Ley Orgánica de Seguridad Nacional, que modificará parcialmente la Ley de Defensa Nacional de 2005. El anteproyecto será elaborado en un plazo de seis meses por el nuevo Consejo de Seguridad Nacional, cuya creación se aprobó ayer por decreto. Anualmente, el Gobierno remitirá al Congreso un Informe sobre Seguridad Nacional para su debate. El documento no aclara si será secreto.