Claves para una ley polémica

El Gobierno aprobó el proyecto de la Ley de Transparencia hace 10 meses con cambios respecto al anteproyecto original y desde entonces ha sufrido más variaciones y hasta ocho enmiendas al texto que tramita este jueves el Congreso. Los últimos cambios, en aras de lograr que los grupos parlamentarios que habían presentado enmiendas a la totalidad las retiren, han sido anunciados por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante este debate. Estas son algunas de las claves de dicha norma:

Independencia del controlador.

Partidos de la oposición como Izquierda Plural, UPyD y el Grupo Mixto presentaron enmiendas a la totalidad del texto legal, porque no creían que la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de Políticas y Calidad de los Servicios, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con una persona elegida por el Gobierno al frente de ella, fuera la última responsable de aplicar las sanciones a los organismos que pudieran incumplir la ley.

Santamaría ha anunciado este jueves que finalmente el vigilante de la ley sea independiente. Será el denominado Consejo Supervisor Independiente elegido por "mayoría absoluta". También ha asegurado que la nueva ley afectará a cualquier entidad que reciba financiación pública, aunque se ignora a partir de qué porcentaje. Con este cambio, el Gobierno lima algunas asperezas, pero existen más puntos de fricción con la oposición que aún están por resolver antes de que la ley sea definitivamente aprobada.

Destitución de alcaldes.

La Ley incluye un capítulo que describe los principios éticos por los que deben regirse las administraciones, especialmente en materia económica, y crea el delito de ocultación de facturas o falseamiento de datos contables.

El Gobierno preveía en este capítulo que los alcaldes que no cumplieran con su obligación o incurrieran en alguno de estos delitos pudieran ser sancionados o destituidos por el Ministerio de Hacienda. CiU y PNV habían presentado enmiendas a la totalidad del texto preocupados por la invasión de competencias locales y autonómicas. Ambos han decidido finalmente retirarlas después de que el Gobierno haya decidido retocar tal extremo. "No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha dicho Santamaría. A continuación ha añadido que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha "impuesto" nuevas obligaciones a las administraciones, pero los ciudadanos "demandan también una responsabilidad a nivel individual".

Acceso de los ciudadanos a la información.

Es uno de los pilares de la ley. Contempla que cualquier ciudadano podrá solicitar toda la información “que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. La norma excluía algunos casos, como cuando peligre la igualdad de las partes en procesos judiciales, el secreto profesional o la propiedad intelectual e industrial, algo que suscita desconfiazna. "Solo debería denegarse la información que afecte a la seguridad nacional y a la intimidad de las personas", ha señalado este jueves la portavoz socialista Meritxell Batet. La Casa del Rey, también se quedaba fuera, pero este punto se fue modificado.

Casa del Rey.

La inclusión de la Corona es uno de los aspectos clave. El anteproyecto de la ley ni siquiera la incluía, y la Casa del Rey nunca hizo sus cuentas públicas hasta el pasado 28 de diciembre de 2011, cuando las desveló a raíz del escándalo del caso Urdangarín. La Casa del Rey anunció el pasado 4 de abril que llevaba dos meses negociando con el Gobierno su inclusión en la ley pese a que este se había opuesto cuando lo pidió la oposición. El siguiente problema fue la intención de que estuviera bajo un régimen especial, algo que rechazan la mayoría de grupos parlamentarios.

Una vez aprobada la ley, se detallarán gastos que hasta ahora no eran públicos, como el coste de los viajes, la Guardia Real, vehículos oficiales o el mantenimiento de los palacios. "La Casa del Rey tendrá la misma vigilancia que el Congreso, el Senado y el Tribunal de Cuentas", ha señalado este jueves Sáenz de Santamaría. No se le exigirá que explique al detalle en qué gasta el Rey su retribución pero se le equiparará con las revisiones a las que son sometidas el Congreso, Senado y el Tribunal de Cuentas.

Inclusión de la Iglesia.

Es otro de los escollos a superar y un asunto por el que la mayoría de los grupos que han presentado enmiendas han preguntado en el debate de las enmiendas a la totalidad. La Iglesia será incluida en la ley, pero la revelación de sus cuentas no será total, sino que previsiblemente estará sometida a un régimen especial. "La ley está pensada para las Administraciones, con arreglo a normas de derecho administrativo, y aplicar criterios de transparencia a otras entidades requerirá estudiarlo y definirlo muy bien porque son instituciones que están sometidas a derecho civil", justificaba en abril la vicepresidenta.

La iglesia sí tendrá que dar cuenta de los fondos que reciba del Estado, aunque son difíciles de precisar porque están dispersos en varias partidas. Los grupos piden que la institución religiosa, por ser un organismo privado sostenido con dinero público, se someta al mismo régimen que las administraciones.

Actividad de las administraciones y los partidos políticos.

La Administración tendrá que publicar información relativa a toda su actividad, sus directrices, su reglamentos, contratos de adjudicación, convenios, subvenciones que reciban, sus presupuestos y sus retribuciones. Los partidos políticos tampoco estaban obligados, en principio, a hacer públicas sus cuentas, dado que no eran consideradas Administraciones públicas. El pasado febrero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el PP rectificaba esta intención, acosado por los últimos escándalos de corrupción, especialmente por el caso Bárcenas. También se aplicará a otras instituciones como el Banco de España. Partidos políticos, sindicatos patronales no tendrán que dar explicaciones de sus reuniones pero sí de sus cuentas si reciben dinero público.