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El juez ve “decisivo” el papel de Camps y Barberá en los negocios de Nóos

El instructor traslada la causa al Tribunal Superior de Justicia de Valencia

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Rita Barberá y Francisco Camps celebran los resultados electorales del PP en las autonómicas de 2011.

El caso Nóos tiene una vía abierta en los tribunales valencianos, por “una serie de hechos de apariencia delictiva” que aluden al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ambos del PP. La apertura de una nueva causa separada la precipitó ayer el juez de Palma José Castro, al inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) porque tanto Barberá como Camps son aforados. El objetivo de Castro es que el TSJCV investigue y, en su caso juzgue, dice, los supuestos delitos ligados a la malversación de caudales públicos de ambas personalidades aforadas. Los principales imputados en la causa global son los rectores del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, que se hallan bajo una fianza civil de seis millones de euros. Ambos recibieron 3,5 millones, a dedo, de las arcas públicas valencianas.

Para el juez, Camps y Barberá tienen responsabilidades por haber dado al Instituto Nóos contratos públicos sin concurso, con una “forma arbitraria de vestir el santo, con la única finalidad, y con total abuso de poder, de beneficiar al Instituto Nóos y en este caso al más ilustre de sus miembros, al señor Urdangarin”, según afirma en el auto de la fianza civil a los gestores de Nóos, que el juez señala como síntesis de la instrucción.

El juez supone que el expresidente y la alcaldesa tienen responsabilidades penales por haber favorecido desde empresas públicas a la trama que lideró el yerno del Rey Iñaki Urdangarin con su exsocio Diego Torres a través del Instituto Nóos, que se definía “sin ánimo de lucro”. En Baleares y Valencia, Nóos se embolsó más de seis millones entre 2004 y 2007.

A partir de 2004, el yerno del Rey estableció negocios —previo trato personal— con el presidente y la alcaldesa valencianos. Una posible cita entre ellos se habría celebrado en enero de 2004 en La Zarzuela, según Diego Torres. Camps y Urdangarin lo niegan. Barberá elude concretar.

Los dos políticos valencianos mantuvieron una “decisiva e imputable intervención” en las negociaciones previas a la celebración del primero de los tres eventos que Nóos logró, los Valencia Summit, a más de un millón por cada una de las tres ediciones, más 300.000 euros por un proyecto jamás realizado de Juegos Europeos. Los entes la Ciudad de las Artes (Cacsa) y Valencia Convention pagaron a Nóos.

Las autoridades, indicó el juez, cometieron “transgresiones palmarias” de la ley al prescindir “olímpicamente de tramitar ningún concurso público o negociado”. Por ello las vio merecedoras “del más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados”.

El instructor Castro abrió la causa del caso Palma Arena sobre la mala gestión del expresidente de Baleares Jaume Matas, del PP, en 2008. El asunto del Instituto Nóos configuró una de las 26 piezas. Al reclamar el juez documentación sobre unos pagos a la organización de Urdangarin, desde Nóos le enviaron facturas de los eventos de Valencia para justificar gastos de los actos de Palma. De esta manera casual comenzó la variante judicial valenciana.

Castro considera que existe base suficiente para desgajar la rama valenciana del sumario, más de 45.000 folios en 37 tomos. La condición de diputados en las Cortes valencianas de Camps y Barberá, obliga al juez a renunciar a su competencia. Castro elaborará una exposición razonada al Tribunal Superior para argumentar las supuestas implicaciones que observa.

El instructor alude a que en el auto de la fianza civil omitió las citas directas a Camps y Barberá porque la fiscalía solo reclamó caución para Urdangarin y Torres, pero, advierte, no creía “que los indicios de criminalidad recayeran exclusivamente sobre estos”.

Iñaki Urdangarin admitió ante el juez que todos los contratos con las Administraciones valencianas tuvieron su origen en sus entrevistas con Camps y Barberá, que asumieron sus propuestas y le adjudicaron los proyectos sin concurso. El duque de Palma dijo: “Me reuní en Valencia con Francisco Camps. Había una idea sobre los Juegos Europeos. Explicamos lo que se podía hacer, si había una oportunidad para llevarlos a cabo, simplemente eso”.