Yak-42: negligencia sin responsable

El 26 de mayo de 2003, un avión Yak-42 en el que 62 militares españoles regresaban de cumplir su misión en Afganistán se estrelló contra una montaña cerca de la ciudad turca de Trebisonda. José Manuel Sencianes, sargento primero del Ejército del Aire, era uno de ellos. Hoy tendría 40 años y, probablemente, sería brigada como sus compañeros de promoción. Su hermano, Miguel Ángel Sencianes, presidente ahora de la Asociación de Familias del Yak-42, se lamenta: “Ninguno de los responsables ha pagado por la catástrofe y nadie nos ha pedido perdón”.

Diez años son muchos. Los niños de entonces se han hecho adolescentes y los adolescentes, adultos; varios de ellos visten incluso uniforme militar. Algunas viudas, pocas, han rehecho su vida. Muchos padres han muerto sin saber por qué tuvieron que asistir al funeral de sus hijos. El tiempo pasa, pero la panoplia de procesos judiciales apenas ha logrado desenmarañar la madeja de mentiras y complicidades.

El Tribunal Constitucional acordó, el pasado 13 de febrero, desestimar el recurso de las familias contra el sobreseimiento de la causa abierta por las irregularidades que rodearon la contratación del vuelo. Le bastó un párrafo para, alegando la “manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental”, dar carpetazo a la investigación, a pesar de que la fiscalía consideró que el accidente fue “previsible”, fruto de una “imprudencia grave” y una “absoluta falta de diligencia” y de que seis mandos —incluidos el ex jefe de la cúpula militar, el almirante Antonio Moreno Barberá, y el exjefe del Estado Mayor Conjunto, el teniente general Juan Luis Ibarreta— llegaron a estar imputados. Los peritos concluyeron que el siniestro fue fruto de un error fatal de los pilotos, una maniobra temeraria e inexplicable. O quizá no tanto, porque también constataron la falta de preparación y el exceso de fatiga de los tripulantes.

Ni el indicador de combustible ni el sistema de grabación de conversaciones en cabina funcionaban. Estas averías no provocaron el accidente del Yak-42 pero, según la reglamentación aeronáutica, eran suficientes para prohibirle despegar.

El archivo de la causa ha impedido saber por qué se confió a una compañía ucraniana —incluida más tarde en la lista negra de la Aviación Civil— el traslado de las tropas y, sobre todo, a dónde fueron a parar los 110.558 euros de diferencia entre lo que pagó Defensa (149.000) y lo que recibió UM Air (38.442), operador final del vuelo. Si solo hubo desidia y falta de control o algo más.

Para aclararlo habría sido necesario investigar la cadena de subcontrataciones, media docena en total. El actual jefe del CNI, el general Félix Sanz Roldán, encargó una auténtica tarea detectivesca para recuperar los contratos; pero varios tenían tachado el importe. Tampoco aparecieron nunca, aunque el juez los pidió, los expedientes de los 41 vuelos anteriores, cuyo importe total superó los 8,8 millones de euros.

Defensa intentó descargar toda la responsabilidad en la agencia NAMSA de la OTAN, que gestionaba el flete de los aviones, pero ésta alegó que se limitaba a verificar la documentación, no el estado de los aparatos. Ni una cosa ni otra. El Yak-42 carecía incluso del seguro previsto en el contrato y Defensa tuvo que abonar 75.000 euros por fallecido (4,6 millones en total). El dinero salió de las arcas públicas y el Estado nunca lo reclamó.

Agotada la vía judicial en España, las familias no se dan por vencidas: han decidido llevar su batalla a Europa y reclamar al Tribunal de Estrasburgo el juicio que aquí se les niega.

Es cierto que han ganado tres juicios: uno en Madrid y dos en Zaragoza, donde hubo que repetir el proceso civil. El 19 de mayo de 2009 pareció que se haría justicia. La Audiencia Nacional condenó a tres años de cárcel al general Vicente Navarro y a 18 meses a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez por la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres. Navarro y sus ayudantes no se equivocaron sino que atribuyeron aleatoriamente las identidades, que resultaron ser falsas, “con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad”, según la sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo.

Navarro nunca ingresó en prisión, pues falleció de enfermedad en junio de 2010, mientras que los comandantes ni siquiera fueron expulsados del Ejército, como exigía su condena. En abril del año pasado, solo cuatro meses después de llegar al poder, el Gobierno del PP los indultó. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, quien ordenó a Navarro que repatriara los cadáveres “cuanto antes”, pues se preparaba un funeral de Estado en Torrejón, fue premiado con el cargo de embajador en Londres por su carácter “extraordinario”, en palabras del titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

Hasta ahora ni siquiera han pagado su culpa las dos empresas responsables del vuelo: el bróker Chapman Freeborn y la compañía de chárter UM Air. El Supremo ratificó, en septiembre pasado, la sentencia que las condena a indemnizar solidariamente a las familias de las víctimas con 6.125.000 euros. Pero todavía no han soltado un céntimo. Chapman tiene su sede en Alemania, por lo que la ejecución de la sentencia depende de la cooperación judicial germana. Respecto a UM Air, Leopoldo Gay, abogado de la asociación de víctimas, tuerce el gesto cuando se le pregunta por qué no reclama también en Ucrania: la solvencia de esa línea aérea —a cuyo nombre ni siquiera estaba el avión— es más que dudosa.

Diez años después, se vuelve a la casilla de salida. Concluido el proceso penal y el civil, se ha reactivado la reclamación patrimonial que se presentó en 2003 y entonces quedó en suspenso. Las familias ya fueron indemnizadas —como los descendientes de cualquier militar muerto en misión en el exterior—, pero quieren que el Estado reconozca que envió a sus militares a una zona de conflicto sin preocuparse de su seguridad. Porque si el Estado no es responsable ¿quién lo es?