Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Tres años de cárcel para el general Navarro por las identificaciones erróneas del Yak-42

La Audiencia condena a sus colaboradores a 18 meses como cómplices del delito de falsificación en documento oficial.- El tribunal no puede pronunciarse "sobre la conducta de personas no acusadas", en referencia a los responsables políticos

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años de prisión al general Vicente Navarro por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares fallecidos en el accidente del Yak-42 en 2003, y a un año y medio al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez en concepto de cómplices. La condena incluye dos años de inhabilitación para Navarro y uno para sus colaboradores, que formaron el equipo español encargado de identificar y repatriar los cuerpos, informa Miguel González. El presidente del tribunal ha rebajado la petición de cárcel del fiscal al considerar que no hay delito continuado de falsedad.

En alusión al ex titular de Defensa Federico Trillo y los responsables del ministerio, la sentencia dice que el tribunal no puede pronunciarse sobre "la conducta de personas no acusadas y sobre las que en consecuencia no se han practicado pruebas". Los familiares de las víctimas solicitaron que Trillo compareciera en el juicio como testigo, lo que fue rechazado por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez.

Del relato probado de los hechos se desprende, según la sentencia, que el equipo turco advirtió a los acusados de realizar pruebas de ADN y que el general Navarro elaboró la lista en la que "aparentaba que todos los cuerpos habían sido identificados cuando lo cierto es que las identidades habían sido identificadas de forma aleatoria en 30 casos". "El comandante y el capitán en la descripción de cadáveres eludieron conscientemente que los cuerpos estaban carbonizados". El tribunal considera responsable civil subsidiario al Ministerio de Defensa y absuelve a las aseguradoras.

El fiscal Fernando Burgos pidió en la vista oral cinco años de prisión para Navarro y cuatro años y medio para Ramírez y Sáez, mientras que los familiares de las víctimas solicitaron penas de entre tres y seis años. Los tres militares enviados a Turquía por el Ministerio de Defensa estaban acusados de un delito de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo filiaciones que no eran las suyas.

Responsabilidades políticas

La vista oral comenzó el pasado 24 de marzo y se desarrolló durante nueve sesiones, en las que intervinieron un total de 21 testigos. El presidente del tribunal se negó a citar como pedían los familiares al ex ministro de Defensa Federico Trillo y al ex presidente José María Aznar. Sí han pasado en cambio por el banquillo como testigos varios mandos militares, desde el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa Félix Sanz hasta el ex jefe del Ejército Luis Alejandre.

Los testimonios de dos forenses turcos, que se presentaron sin haber sido citados previamente y a quienes trajeron los familiares de las víctimas, fueron los más relevantes. Ambos confirmaron que el equipo español era consciente de que se llevaba la mitad de los cadáveres sin identificar y sin haber realizado pruebas biológicas, porque "tenían prisa" para llegar al funeral de Estado.

La idea de que el caso fue fruto de una imprudencia se desvaneció ante la Trillo movilizó al Estado para intentar anular el caso acumulación de falsedades del ministerio desde que se produjo el siniestro, el 26 de mayo de 2003, hasta el 2 de marzo de marzo de 2004, días antes de las elecciones generales en las que PP perdió el Gobierno. Ese día, el número dos de Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, envió una carta a los familiares en las que tildaba de "campaña sensacionalista y cruel" lo publicado en los medios sobre los errores en las identificaciones. El general Navarro admitió en el juicio que le pudieron "bailar los números". En la última sesión alegó que solo "dulcificó" las autopsias para evitar el sufrimiento de los familiares.