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Trillo movilizó al Estado para intentar anular el 'caso Yak'

El PP trató de declarar ilegal la pruebaclave tras perder las elecciones de 2004

El juicio por las falsas identificaciones de las víctimas del accidente del Yak-42, que hoy se reanuda en la Audiencia Nacional, nunca se habría celebrado si hubieran tenido éxito las maniobras del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Incluso después de perder las elecciones generales de 2004, con el Gobierno Aznar en funciones, los responsables del PP movilizaron al aparato del Estado para intentar anular la prueba clave del proceso que ahora se ventila ante los tribunales: el acta que demuestra que las autoridades turcas entregaron a la delegación del Ministerio de Defensa español, encabezada por el general Vicente Navarro, 32 cadáveres identificados y 30 sin identificar. Y que Navarro se comprometió a identificar a estos últimos en España.

Llegan a Madrid dos forenses turcos a los que el tribunal no quiere escuchar

El acta fue publicada el 2 de marzo de 2004 por EL PAÍS y El Heraldo de Aragón. A pesar de que el Ministerio de Defensa jamás había reconocido su existencia y de que Navarro aseguró no haberse traído copia del mismo, el Gobierno difundió esa misma madrugada una nota en la que calificaba el documento de "preliminar y parcial" y acusaba a los periodistas de tergiversarlo.

Ese mismo día, el número tres de Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, remitió una carta a las familias en la que tildaba la noticia de "campaña sensacionalista y cruel hacia el dolor de los parientes de las víctimas". Y añadía: "Sin duda, responde a los momentos electorales que vive nuestro país".

Cuando Trillo se convenció de la inutilidad de negar la evidencia, inició otra estrategia: tratar de anular legalmente el acta, para impedir que pudiera presentarse ante la Justicia española, como efectivamente sucedió.

El 24 de marzo de 2004 [y no de 2003 como consta por error en la carátula] el secretario general de Política de Defensa, Jiménez-Ugarte, remitió un Fax al embajador de España en Ankara, Manuel de la Cámara, en el que le recordaba: "Sigo pendiente de los dos temas que comenté con el cónsul en Estambul: legalidad de la entrega del acta sobre identificación de cadáveres incluida en el sumario secreto sobre la investigación del accidente y normativa nacional turca que hubiese sido violada por una entrega precipitada de cadáveres insuficientemente identificados por no haberse procedido a las pruebas de ADN".

Un informe del embajador De la Cámara, en poder de EL PAÍS, revela que, en marzo de 2004, consultó efectivamente al Ministerio de Justicia turco la legalidad de la entrega del acta, que había realizado el fiscal de Maçka, a la letrada Belkis Baysal, representante en Turquía de las familias españolas.

"El Ministerio de Justicia turco manifestó que consideraba válida la entrega en aplicación de la ley de Procedimiento Criminal de Turquía. Afirmaba que los que tienen derecho a estar presentes en el procedimiento de examen de cadáveres tienen derecho a obtener una copia de las actas", explica el informe.

La Embajada no se contentó con esa respuesta. Contrató a un despacho de abogados, Oz & Oz, (el documento no detalla el coste), según el cual "la entrega de copias de las actas a la abogada Baysal fue irregular", pues en Turquía no había ningún procedimiento penal abierto.

El asunto lo zanjó la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, que en un informe explicó que, "aunque la obtención de los documentos hubiera sido irregular [en Turquía], ello no afectaba a su validez en posibles procedimientos judiciales [en España]". Es decir, el acta no podía anularse como prueba ante los tribunales españoles, por lo que toda la maniobra puesta en marcha carecía de interés.

A la vista de este chasco, Trillo buscó otra estrategia: echarle la culpa a los forenses turcos. La Embajada en Ankara encargó otro informe al bufete Oz & Oz (de nuevo se ignora la minuta) que subrayaba el incumplimiento del Acuerdo sobre Traslado de Cadáveres, que exige un salvoconducto mortuorio. No obstante, el mismo informe advertía de que los turcos habían cedido, a petición española, la responsabilidad sobre la custodia y traslado de los cadáveres. Por tanto, la culpa no podía ser suya.

Jiménez-Ugarte viajó a Turquía el 9 de marzo y se reunió con el jefe del Instituto de Toxicología de Estambul, Keramettin Kurt, a quien intentó convencer de que los forenses turcos asumiesen la responsabilidad de las 30 identificaciones erróneas. Se negó de plano.

Dos de estos forenses -que el día del siniestro se trasladaron desde Estambul a Trabzon para dirigir las autopsias-, Bülent Sam y Omer Muslumanoglu, llegaron anoche a Madrid atendiendo a la demanda de la asociación que agrupa a la mayoría de las familias de las víctimas del siniestro. Su esperanza es que el tribunal, que preside el magistrado Javier Pérez Bermúdez, cambie de criterio y les permita finalmente declarar.

En varias entrevistas, estos forenses han revelado que se comunicaban con Navarro en inglés, que éste era plenamente consciente de que se llevaba 30 cadáveres sin identificar y que les confesó que tenía prisa porque se preparaba una ceremonia militar en Madrid.

El tribunal rechazó estos testimonios por considerarlos innecesarios y sólo admitió los de Fátima Mukaddes, que cotejó muestras de ADN en el laboratorio de Estambul; y de dos de los forenses de Trabzon, Mustafa Gündüz y Bülent Savran, quienes según sus colegas turcos tuvieron un papel menos relevante. Está previsto que los tres declaren hoy por videoconferencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de abril de 2009