El Supremo pedirá a Gallardón que cambie la reforma del Poder Judicial

El proyecto de ley que reformará y reorganizará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en estos momentos se tramita en el Senado, incorporó en el Congreso dos enmiendas que afectan al Tribunal Supremo: una que supone incorporar una nueva figura estable —la de vicepresidente del Supremo y del CGPJ— y otra que implica la creación en el alto tribunal de una sala específica para resolver los recursos que versen sobre los actos del Consejo. Ambas han causado inquietud en el alto tribunal, donde se han interpretado como un intento de controlar políticamente el órgano a través de una especie de comisario político. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso (39), reunidos ayer de forma extraordinaria para tratar sobre estas dos cuestiones, decidieron pedir, según fuentes del alto tribunal, que se lleven a cabo las gestiones pertinentes ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que las dos enmiendas sean eliminadas en el Senado.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ya había solicitado una reunión con el ministro, encuentro al que Gallardón había accedido y que fue finalmente pospuesto por un problema de agendas. Los magistrados, previsiblemente, pedirán al presidente Gonzalo Moliner que se fije una nueva cita a la que acudirán ahora con el apoyo del parecer de los integrantes de la Sala Tercera. No se votó nada ayer, pero, según fuentes del alto tribunal, por asentimiento se decidió tratar de frenar estas dos nuevas cuestiones antes de la aprobación final de la ley y, sobre todo, trasladar al ministro su malestar por estos puntos incluidos a última hora en el Congreso.

¿Por qué tanto revuelo con dos asuntos que a primera vista pueden parecer meramente técnicos? Dentro del nuevo órgano de gobierno de los jueces aparece una figura que ahora no existe: la del vicepresidente tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial —en estos momentos, en ausencia del presidente ejerce sus labores en el alto tribunal el magistrado más antiguo—. Este vicepresidente será uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (es decir, alguien que ha sido elegido por el Congreso o el Senado) que sea a su vez magistrado del Supremo y que “reúna los requisitos para ser presidente de Sala del mismo”. En virtud de todos estos requisitos, temen los que critican la medida, podría ser fácil para cualquier Ejecutivo tener en mente a quién quiere nombrar como vicepresidente cuando se lleve a cabo la elección de los vocales.

Se trata, según la norma en trámite, de un cargo que “auxiliará” y “sustituirá” en algunos casos al presidente. Será nombrado por el pleno del Consejo a propuesta del presidente, según consta en el proyecto de ley, pero este último podrá destituirlo en cualquier momento, algo que, según los críticos del proyecto, priva además a esta figura de la mínima independencia. “La permanencia en el cargo de vicepresidente depende de la sola voluntad del presidente”, indica el texto.

Las funciones del vicepresidente no son menores. Sustituirá al presidente “en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo”; formará parte de la Sala de Gobierno; podrá dirigir, por delegación del presidente, el gabinete técnico del Supremo; presidirá el tribunal de conflictos de jurisdicción entre los juzgados y la Administración, la sala de conflictos de jurisdicción entre los juzgados ordinarios y los órganos judiciales militares y la sala de conflictos de competencia entre juzgados y tribunales de distinto orden jurisdiccional; y presidirá la comisión de asuntos económicos y la comisión de igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un amplísimo abanico competencial que incluye decisiones sobre quién debe juzgar un caso determinado que ha preocupado a los magistrados del Supremo por la posible intervención política en asuntos jurisdiccionales.

Finalmente, los jueces del alto tribunal tampoco han visto clara la creación de una sección específica dentro de la Sala de lo Contencioso, formada por el presidente de la Sala Tercera junto a los presidentes de sus siete secciones, para tratar los recursos presentados sobre actos del Consejo. Medida que también ha sido interpretada como excepcional, innecesaria y que puede suponer un riesgo de control de las decisiones que emanan del órgano de gobierno de los jueces.

El proyecto de ley del Gobierno —que en el Congreso solo recibió el apoyo del PP— ha sido duramente criticado no solo por el resto de los partidos políticos, sino también por casi todas las asociaciones de jueces y fiscales, tanto conservadoras como progresistas, y casi todos los vocales del actual Consejo. Los múltiples detractores de la norma defienden que politizará aún más el órgano de gobierno de los jueces, que se podrá renovar parcialmente al final de su mandato con una mayoría de tres quintos en alguna de sus Cámaras (el PP la supera en el Senado, por lo que podría nombrar a 10 de 20 vocales sin negociar con nadie) y que tendrá solo una parte de sus vocales con dedicación exclusiva.