Los tres presuntos asesinos del inspector Puelles se niegan a declarar

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga desde este martes por la mañana a los presuntos asesinos del inspector de la brigada policial de información Eduardo Puelles, muerto en junio de 2009 a causa de una bomba lapa colocada en la parte inferior de su vehículo en el municipio vizcaíno de Arrigoriaga. Los tres acusados se han negado a contestar las preguntas de la fiscalía y de la acusación particular. Las abogadas de la defensa tampoco han hecho preguntas a los acusados ni a los testigos de la acusación.

Se han sentado en el banquillo los etarras miembros del comando Otazua Íñigo Zapiraín, Beatriz Etxebarría y Daniel Pastor como presuntos autores del asesinato. La fiscalía solicita una pena de 45 años de cárcel para cada uno, así como la prohibición de residir en Bilbao durante los diez años posteriores al cumplimiento de la condena. En su escrito, la fiscal Ana Noé también solicita una indemnización solidaria de 200.000 euros para la viuda de la víctima, así como una de 150.000 euros a cada uno de sus hijos. A las peticiones del ministerio público se han sumado el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo como acusación particular.

Nada más empezar la vista, alrededor de las diez y media de la mañana, los acusados han mostrado una actitud desafiante desde el cubículo que los separaba de la sala."No reconozco la legitimidad de este tribunal y no voy a participar en el proceso", han afirmado los presuntos etarras. Los acusados han dejado claro que no contestarían a ninguna de las preguntas. Sus abogadas defensoras, por su parte, se han limitado a aportar las denuncias por torturas que presentaron los detenidos y tampoco han querido participar en el juicio.

Durante la primera fase del proceso han contestado a las preguntas de la acusación el instructor así como el secretario policial que firmaron el atestado. También han comparecido hasta cinco policías que estuvieron en el lugar del crimen, ratificando todos ellos los atestados presentados el día del asesinato. Los agentes han descrito el cráter que dejó la explosión y la situación de los demás vehículos que se encontraban situados en el aparcamiento donde se registro la detonación.

A continuación han contestado dos Guardias Civiles que participaron en la detención, registro de domicilios e interrogatorios. Estos han insistido en que la declaración de los encausados se hizo dentro de los parámetros legales, con abogado de oficio y sin mediar coacciones de por medio. Hasta ese momento no ha intervenido la defensa, cuya estrategia se ha basado exclusivamente en tratar de deslegitimar las declaraciones que realizaron los detenidos por haber sido conseguidas, según su criterio, bajo torturas. Los abogados de oficio que asistieron a Íñigo Zapiraín y Beatriz Etxebarría, sin embargo, han negado en todo momento que los detenidos hubieran recibido coacciones o que firmaran sus declaraciones sin estar de acuerdo con ellas. Al abogado que asistió al tercer detenido, Daniel Pastor, no se le ha citado.

Después de los agentes de la Guardia Civil ha llegado el turno de María Francisca Hernández y Sotelo, viuda de Eduardo Puelles. Con voz consternada, Hernández ha recordado el día en el que su vida cambió completamente. "Oí la explosión debajo de casa y enseguida supe que era él por el tiempo que había transcurrido desde que había salido de casa", ha explicado. La viuda ha descrito los momentos inmediatamente después de la explosión, citando a la gente que vio por el lugar, el fuego que envolvía el vehículo y cómo se la llevaron de ahí mientras el coche seguía en llamas. "Mi vida ya no es vida", se ha lamentado "aquí siempre se habla de derechos humanos [en referencia a la izquierda abertzale] pero lo que veo es que solo los tienen los asesinos".

Con este proceso se juzga el último asesinato perpetrado por la banda en el País Vasco antes de la tregua, aunque posteriormente a este atentado la banda mató a dos Guardias Civiles en Mallorca en julio de 2009 y a un Gendarme en Francia en marzo de 2010. El juicio proseguirá mañana a partir de las diez.