Algo se empieza a mover

El 30 de marzo, en el encuentro secreto que el lehendakari Iñigo Urkullu mantuvo con el presidente Mariano Rajoy, en la Moncloa, le propuso, tras año y medio de cese definitivo del terrorismo de ETA, un plan que abarcaba el acercamiento selectivo de presos de la banda; la excarcelación de los presos terminales; la revisión de condenas por actividades que ahora son legales, como el caso del líder de Sortu, Arnaldo Otegi, y la reactivación de la política de reinserción de presos. Sobre estas cuestiones existe un amplio consenso entre las principales fuerzas políticas vascas: PNV, PSE e izquierda abertzale.

En este contexto político, se han producido dos movimientos en muy poco tiempo. El primero, el auto de la Audiencia Nacional, que al asumir la petición de un permiso del preso exetarra Valentín Lasarte, clarifica los requisitos para que los presos etarras se acojan a la reinserción individual, lo que impulsará la política de reinserción, paralizada desde septiembre, tras la ofensiva de la ultraderecha política y mediática por la excarcelación del preso terminal, Josu Uribetxeberria. Ahora, el juez de vigilancia penitenciaria y la administración penitenciaria contarán con una cobertura jurídica de la que carecían.

El segundo movimiento afecta a Otegi y sus compañeros. Hace un año el Tribunal Supremo les rebajó la condena de diez años, de la Audiencia Nacional, a seis por colaboración con banda armada por intentar reconstruir el partido de la izquierda abertzale. Cuando Otegi ya daba por perdido el recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional hace un año, el alto tribunal ha decidido aceptarlo.

Otegi y sus compañeros, detenidos en octubre de 2009, han cumplido más de la mitad de su condena y su situación tiene un fuerte impacto en Euskadi. No solo la izquierda abertzale ha pedido su libertad. También lo han hecho los líderes del PSE, Patxi López y Jesús Eguiguren, y el del PNV y lehendakari Iñigo Urkullu, así como influyentes organizaciones sociales.

Los principales partidos vascos consideran un “despropósito político y jurídico” que Otegi siga en prisión, bajo la acusación de "colaboración con banda armada", cuando el partido de la izquierda abertzale Sortu se legalizó hace un año y él dio los primeros pasos para desvincular a la izquierda abertzale del terrorismo.

Pero que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso no significa que Otegi sea puesto en libertad inmediatamente. A su favor cuenta que en casos similares —cumplida la mitad de una condena no alta y admitido a trámite el recurso— es frecuente su concesión. En su contra puede jugar que Otegi tiene pendiente otro caso, el de las herrikotabernas. La decisión, previsiblemente, será rápida.

Sobre la cuestión de fondo, Otegi alegó ante el Tribunal Constitucional los votos particulares de dos de los cinco magistrados de la sala del Tribunal Supremo que le condenó, el más importante, la “inconsistencia” de la acusación de “colaboración con banda armada”. Los hechos posteriores —rechazo de la violencia de ETA en los estatutos de Sortu y el logro del cese definitivo de la banda armada— avalarían la “inconsistencia de la acusación de colaboración con banda armada”.