El juez Castro investiga la reunión en la Zarzuela del duque con Camps y Barberá

El juez José Castro quiere saber más de la supuesta reunión celebrada en La Zarzuela en marzo de 2004 entre Iñaki Urdangarin y su exsocio, Diego Torres, el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El encuentro, según Torres, sirvió para cerrar los acuerdos de colaboración entre el Instituto Nóos y la Administración valenciana. Camps ha negado que tal reunión se hubiera producido y Barberá evita comentar detalles de su relación con Urdangarin.

Al reactivar esta línea de investigación, el juez pretende atar, con todos los detalles posibles, la supuesta cita de negocios del yerno del Rey en dependencias de La Zarzuela. Torres aseguró en su declaración ante el magistrado el pasado 15 de febrero que esa reunión había tenido lugar en marzo de 2004. Y ahora el juez le pide que dé datos concretos: la fecha exacta del encuentro, la hora, el número de asistentes, si la cita coincidió con algún acto oficial, si la entrada de todos los asistentes quedó registrada en el control de seguridad y si llegaron juntos a la residencia del Rey.

De momento, el juez solicita esta información al imputado Torres. Cuando este le habló de esa supuesta reunión, el magistrado anotó que podría requerir la confirmación de esa cita a través del libro de registro de seguridad y visitas de La Zarzuela, aunque después lo descartó. El instructor ya indagó con otros colaboradores de la Casa del Rey —en la causa está imputado el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, y fue citado como testigo el asesor legal del Monarca, José Manuel Romero— sobre la existencia de un listado de visitantes en La Zarzuela.

El control de seguridad de la residencia del Rey registra todas las entradas y salidas al complejo. Camps y Barberá han estado en varias ocasiones en el palacio. De momento, el juez Castro ha optado por solicitar a Torres y no a la Casa del Rey información sobre esa posible visita de los mandatarios valencianos.

El Instituto Nóos logró hasta 3,5 millones de euros públicos de la Comunidad Valenciana para financiar tres ediciones del Valencia Summit y para preparar unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse.

El juez Castro enviará probablemente la rama valenciana de la causa que instruye al tribunal superior de aquella comunidad.

Urdangarin celebró en 2003 otra reunión de negocios en la residencia de verano de la familia real, el Palacio de Marivent, en Palma. Jugó al pádel y abordó proyectos de mecenazgo con el que entonces era presidente de Baleares, Jaume Matas, del PP. Cuando esta cita se hizo pública, Matas la negó, pero Urdangarin y otros dos asistentes la ratificaron.

El Instituto Nóos obtuvo 2,3 millones de euros del Gobierno balear por la organización de dos ediciones del Illes Balears Forum y la gestión del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears. Matas aseguró que llegó a acuerdos con Urdangarin por ser quien era y porque no podía decirle no.

En la providencia del juez Castro, fechada el 7 de mayo —el mismo día en que la Audiencia de Palma suspendió la imputación de la infanta Cristina—, pero conocida este jueves, el magistrado detalla que ha incorporado al proceso las diez últimas declaraciones de la renta de Urdangarin y de la Infanta, aunque estas últimas no se incorporarán a la causa porque están pendientes de la resolución de varios recursos. Además, el juez autoriza a Hacienda para que recabe en tres bancos de España datos vinculados a las cuentas en Suiza de Diego Torres.