El fiscal teoriza sobre el principio de igualdad en el caso de la Infanta

El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, ha planteado hoy una comparación sobre la no imputación de la infanta Cristina por su relación con los negocios sucios de su esposo al citar hasta cinco cónyuges de imputados que eran a la vez administradoras de las empresas que recibían comisiones ilegales. Estas cinco mujeres no han sido imputadas ni juzgadas. Así lo ha planteado retóricamente y no sin cierta ironía en su alegato acusador del caso Scala. En su larga intervención, apelando a otros casos (el caso Nóos y la imputación o no de la infanta Cristina), Horrach se ha preguntado de forma retórica si debía ser imputada una esposa en aplicación del principio de igualdad.  Y se ha contestado apelando al propio principio de igualdad. Era una posible hipótesis porque él mismo se ha opuesto duramente a la imputación de la hija del Rey y al curso de la investigación del caso Nóos. El fiscal, fuera de la sala, ha comentado que no era una revisión de su propia actuación.

Durante el juicio, el fiscal ha hecho confesiones y denuncias de acoso externo del PP. La lucha contra la corrupción requiere "paso corto, mirada larga y un poco de mala uva", ha asegurado el fiscal Pedro Horrach, que hoy ha descrito ante la Audiencia de Palma "las secuencias" de las tramas del Gobierno balear de Jaume Matas. Horrach ha lamentado los intentos del PP de interferir en su trabajo -con sus teorías de la conspiración de que pretendía la destrucción de la formación- y ha argumentado una posible autocrítica al asegurar que debería haber imputado a la esposa de un detenido por el caso Scala de corrupción.

Al final del juicio del caso de las cajas de Cola Cao, el fiscal reitera la petición de 21 años de cárcel para el exconsejero de Comercio y exlíder del PP de Ibiza, José Juan Cardona, como supuesto "jefe de la banda" acusada de malversar hasta ocho millones de euros entre 2003 y 2007. Dos arrepentidos, ex altos cargos de la consejería de Cardona, ven rebajada su posible condena por confesarse culpables y retornar fondos públicos. Las peticiones de penas se reducen desde 20 años hasta cinco años y medio de cárcel para el exdirector general Kurt Viaene, y a cuatro y medio para la exgerente Antonia Ordinas.

Horrach, un profesional sin adscripción en las familias profesionales de la fiscalía, describe concretamente lo que cree una campaña del PP contra la acción de Anticorrupción y de la Policía en las que se pretendía ver una campaña teledirigida contra el partido. Eran las teorías de la conspiración, indica, porque los dirigentes conservadores atacaban a la "arrepentida" ex alto cargo Antonia Ordinas, que destapó 240.000 euros enterrados en cajas de Cola Cao, asumiendo su muerte civil, mientras que defendían al consejero Cardona.

El actual diputado del PP en Madrid, Miguel Ramis, según explicó el fiscal, se presentó a un registro policial de Anticorrupión en un domicilio de Alcudia y apeló a su condición de exdelegado del Gobierno. En 2008, a la búsqueda de documentos y fondos ocultos, se entró en la casa de Kurt Viaene. Ramis, que es abogado, se abrazó al detenido Viaene, su amigo y profesor de tenis. Apareció súbita y rápidamente en la escena de la investigación y fue vetada su presencia.

Ha sido al final del alegato acusador cuando el fiscal se ha preguntado si debía haber imputado a la esposa de Kurt Viaene como titular de las cuentas corrientes a las que iban las comisiones ilegales. La pregunta retórica tenía una respuesta exterior a la causa del caso Scala.

"Sí debería haber sido imputada [la esposa de Viaene] por el principio de igualdad", se ha contestado. Era una posible autocrítica a su acción contraria a la imputación de la hija del Rey. Cristina de Borbon tiene una empresa a medias con su esposo, Iñaki Urdagarin, Aizóon, que captó fondos ilegales o defraudó, según la Audiencia de Palma.