El Gobierno, satisfecho, reta a Mas a plantear una reforma constitucional

El Gobierno, y en especial Mariano Rajoy, tenía muchas dudas. De hecho había decidido no moverse hasta que Artur Mas planteara una consulta soberanista. Rajoy pensaba que una declaración del Parlament no tenía efectos jurídicos y por tanto no tenía sentido recurrirla. Pero al final cambió de opinión, recurrió y lanzó un mensaje claro a Artur Mas: todos sus movimientos acabarán en el Constitucional. Al hacerlo, Rajoy asumía un riesgo: llevarse el varapalo de que el Constitucional rechazara su recurso, como le pasó al Ejecutivo de José María Aznar con el plan Ibarretxe. Y por eso este miércoles el Gobierno estaba muy satisfecho: con un tribunal de mayoría progresista, por una clara mayoría de 8 a 4, había logrado lanzar el mensaje político buscado. Y no solo: la decisión sienta un precedente, según fuentes del Ejecutivo. Si la resolución ha sido tan clara con un asunto que según el propio presidente no tenía trascendencia jurídica como una declaración, es lógico pensar que este es el camino que van a seguir todos los movimientos de Mas, en especial el más temido y que el president ha pactado con ERC para 2014: la consulta soberanista. El referéndum.

El Gobierno no se limitó a esa satisfacción que se trasladaba en los pasillos del Congreso. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fue más allá y retó a la Generalitat, pocos minutos después de que se conociera la sentencia, a tomar otra senda. En vez de decidir en el Parlament cuestiones inconstitucionales, explicó, los partidos que defienden esta vía soberanista deberían plantear en el Congreso una reforma constitucional. “Si hay un proyecto político que entra en conflicto con la Constitución, hay que hacerlo lealmente como una reforma de la Constitución”, planteó. Esa propuesta, obviamente, sería rechazada con la mayoría absoluta del PP y seguiría el camino del plan Ibarretxe, que cayó en el olvido después de rechazado en el Congreso. Precisamente por ese precedente, CiU y ERC ni se plantean seguir ese camino. Gallardón pidió además a la Generalitat y al Parlament, “cuya legitimidad de gobierno emana de la Constitución”, que asuman este procedimiento.