350 jueces firman un manifiesto contra la reforma del Poder Judicial de Gallardón

Más de 350 jueces han firmado hasta el momento un manifiesto contra la reforma del Poder Judicial impulsada desde el Ministerio de Justicia y que se encuentra en estos momentos en trámite parlamentario. El manifiesto, En defensa de la independencia judicial, ha sido impulsado por la asociación progresista Jueces para la Democracia, pero ha sido firmado por magistrados no asociados y algunos miembros de otras asociaciones. Sostienen los jueces que esta reforma pretende "deteriorar la independencia judicial" y socavar el principio de separación de poderes, y que supone "una subordinación del poder judicial al poder político".

El texto ha sido firmado por jueces unipersonales y por miembros de audiencias provinciales y tribunales superiores. También se han adherido dos magistrados del Tribunal Supremo, Jordi Agustí y Celsa Pico, y cuatro de la Audiencia Nacional: José Ricardo de Prada, Fernando Andreu, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez. La vocal del CGPJ Margarita Robles firma asimismo el documento.

"En nuestra Constitución se diseñó un sistema en el que una de las garantías de la independencia judicial era la creación del Consejo General del Poder Judicial, cuyas competencias son básicas para hacer efectivas las funciones de la judicatura en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía", señala el documento. "nuestra sociedad necesita de un poder judicial sólido con instrumentos para cumplir sus elevadas funciones y con capacidad para afrontar los conflictos sociales sin dejarse influir por interferencias políticas".

"Sin embargo, el Gobierno ha impulsado un proyecto de ley en el que arrebata importantes competencias al órgano de gobierno del poder judicial", prosigue el texto. "Con esta reforma el Ministerio de Justicia sustrae funciones sobre medios materiales y personales que son fundamentales para la independencia judicial. Y, en un contexto en el que se están investigando numerosos casos de corrupción, todavía resulta más necesario que se respete la actuación de una judicatura independiente".

Los jueces firmantes aseguran que la reforma despoja al Poder Judicial "de competencias relevantes que afectarán al estatuto de sus integrantes", lo que "posibilitará un control y un condicionamiento de sus funciones jurisdiccionales" Y acusan al Gobierno de haber impulsado una reforma "de estas características" de manera "unilateral, de forma precipitada, sin ningún diálogo real y con la oposición de todos los sectores de la administración de justicia".

"Nuestra administración de justicia se encuentra se encuentra en una grave situación de deterioro estructural por falta de medios materiales y personales suficientes para hacer frente a las necesidades reales", concluye el texto. "Sin embargo, en lugar de incrementarse la inversión pública, se han practicado recortes presupuestarios que van a dificultar aún más las actuaciones de nuestros juzgados y tribunales. Esta situación de precariedad se va a agravar ante una reforma que debilitará las funciones de la administración de justicia, vaciará de contenido las competencias del órgano de gobierno de la judicatura y erosionará la división de poderes".