Estado de excepción

Los ciudadanos alemanes pueden tener una razonable confianza en que los programas de gobierno que van a figurar en las ofertas electorales de los partidos en las elecciones parlamentarias que se celebrarán en otoño de este año prefigurarán la dirección política del país en los cuatro años de la legislatura. En Alemania los partidos no tienen temor en decirles a los ciudadanos lo que piensan hacer, porque tienen la convicción de que es lo que esperan los ciudadanos de ellos y que no los van a penalizar por la sinceridad de sus propuestas Siempre habrá después una distancia entre el programa electoral y la acción de Gobierno, porque es imposible que no la haya. Pero no es previsible que exista una contradicción notable, cuando no prácticamente absoluta, entre lo que se somete a la aprobación del cuerpo electoral y lo que va a ser después la acción del Estado.

En esta correspondencia entre la propuesta electoral y la acción de gobierno posterior descansa la democracia. Cuando esa correspondencia quiebra, formalmente puede mantenerse una apariencia de democracia, pero materialmente estamos ante otra cosa.

Es lo que viene ocurriendo en buena parte de los países de la Unión Europea desde hace tres años aproximadamente. La contradicción entre los programas electorales que votamos los ciudadanos y la acción de Gobierno posterior está llegando a límites que hace muy poco hubiéramos considerado no ya intolerables, sino incluso inimaginables.

Estamos en buena parte de los países de la Unión Europea ante un estado de excepción, es decir, ante la suspensión de facto de la vigencia del principio de legitimación democrática del poder. En teoría, el principio de legitimación democrática sigue presidiendo la vida del sistema político, pero en la práctica no se respeta. Ocurrió en Grecia cuando Papandreu quiso someter a referéndum la aceptación de las condiciones del rescate aprobadas por la Comisión Europea. Ocurrió también con la designación de Monti como presidente del Gobierno en Italia. Está ocurriendo en todas las vicisitudes por las que está atravesando Portugal. Está volviendo a ocurrir en Italia tras el resultado de las últimas elecciones. Y llevamos instalados en ese estado de excepción en España desde el 20 de noviembre de 2011.

Tal vez España sea el caso más expresivo, porque no debería haber sido así. España ha sido el país europeo en el que alternancia en el Gobierno una vez desatada la crisis se produjo de una manera más impecable desde un punto de vista democrático. Desde mayo de 2010 se había producido una quiebra notable entre el programa electoral con el que José Luís Rodríguez Zapatero fue investido presidente y la acción de gobierno, y en consecuencia, esa anomalía debía ser corregida. Y fue corregida mediante un proceso electoral limpio que puso fin anticipadamente a la legislatura y que permitió a Mariano Rajoy acceder a la presidencia del Gobierno en unas condiciones de legitimidad indiscutibles.

En España se celebraron las elecciones después de que la crisis económica se hubiera manifestado con toda intensidad durante más de dos años. En consecuencia, los programas electorales se pudieron hacer con conocimiento de cuál era la situación en que se encontraba el país, así como todos los países de nuestro entorno. Es difícil imaginar una situación mejor para elaborar un programa anticrisis, a fin de someterlo a los electores. El resultado de las urnas fue concluyente, proporcionando al PP una mayoría más que absoluta, dada la distancia a la que quedó el PSOE.

En esas circunstancias debería haberse producido la correspondencia entre la propuesta electoral del PP y la acción posterior del Gobierno, así como el respeto a todos los procesos a través de los cuales tiene que canalizarse el ejercicio del poder en democracia. Las Cortes Generales deberían ejercer las funciones parlamentarias en los términos previstos constitucionalmente. Los ciudadanos deberían recibir periódicamente explicaciones por parte del Gobierno a través de los medios de comunicación social, y así sucesivamente.

Está ocurriendo todo lo contrario. La contradicción entre el programa electoral y la acción de Gobierno es prácticamente absoluta. El Gobierno ocupa la potestad legislativa recurriendo permanentemente al decreto ley. Esquiva el control parlamentario, abusando de su mayoría en la interpretación del reglamento del Congreso de los Diputados, y se exime del control de los medios de comunicación de manera permanente, negándose a admitir preguntas o a dar ruedas de prensa.

El ejercicio del poder está siendo un ejercicio fraudulento. Formalmente, la Constitución no está suspendida, pero materialmente no hay ni una sola institución que esté cumpliendo su tarea de la manera constitucionalmente prevista.