El PSOE ofrece datos al fiscal para que investigue el engaño de las preferentes

Solventado el debate en el PSOE sobre si debían ir o no a los tribunales con el caso de las preferentes a favor del sí, la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha acudido a la Fiscalía General del Estado con el escrito elaborado por sus servicios jurídicos. A diferencia de UPyD e Izquierda Unida, que han acudido a la Audiencia Nacional con acusaciones directas a los titulares de las cúpulas de las entidades bancarias, el PSOE expone los hechos que considera delictivos para que el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres–Dulce, lleve adelante la investigación. “Por medio del presente escrito se pone en conocimiento de esta Fiscalía los hechos, que a continuación se detallan, que estimamos pudieran ser constitutivos de infracciones penales que, además, han generado un enorme perjuicio a miles de ciudadanos españoles”.

El PSOE apostilla su información con las irregularidades probadas y puestas de manifiesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), además, de las sentencias individuales que van dictándose a favor de clientes afectados.

“Son muchos los motivos que ponen en evidencia que se ha producido un engaño estructural que puede constituir entre otros un delito de estafa que afectaría a miles de ciudadanos, ya que en las ofertas de estos títulos se hacen alegaciones falsas y se manifiestan características inciertas, que han causado un grave perjuicio a los clientes”, se lee en el escrito. El caso de Bankia se menciona reiteradamente ya que en esa entidad, a través de los bancos que engloba tras la fusión, se concentran 6.500 millones de euros en preferentes, de los 8.000 millones de euros que están en juego y que afectan en total a 30.000 personas. Se tiene en consideración que las preferentes obtienen su rentabilidad en función de los resultados económicos de la entidad emisora.

En el caso de Bankia, “podría haberse producido una alteración de sus balances contables y la sobrevaloración de sus activos. Si los ahorradores hubieran conocido la situación real de la entidad, nunca hubieran adquirido ningún título por el enorme riesgo que asumían. Igual ha ocurrido con participaciones preferentes de otras entidades”, señala el escrito. También hay serias dudas, “muchas de ellas detectadas por la CNMV, de que haya existido en realidad un mercado secundario en la compra venta de estos títulos”. A este respecto se afirma que “los ahorradores han sido objeto de un claro engaño en la comercialización de estos productos y han visto sus ahorros atrapados en unos productos que, a partir del 2008, dejaron de venderse en el mercado secundario, salvo con unas pérdidas muy cuantiosas”.

Se recuerda que la mayor parte de las entidades financieras han ofrecido canjes a los clientes en depósitos, bonos convertibles en acciones, y en acciones. Sin embargo “las entidades bancarias nacionalizadas no han podido llevar a cabo estos canjes”. Y es así por mandato de la Comisión Europea –a través de su Memorando de Entendimiento de 24 de julio de 2012-, que condiciona el rescate a la banca española “a que los titulares de preferentes y deuda subordinada asuman parte de las pérdidas de la entidad”. La quita establecida por resolución del FROB de 22 de marzo de 2013 ha establecido el canje obligatorio en acciones para los titulares de preferentes en bancos nacionalizados con una quita entre el 38% y el 61% nominal, se detalla en el escrito, con el añadido de que las acciones de las entidades afectadas puedan sufrir una segunda quita por el derrumbe del valor en Bolsa de alguna de ellas.

Ante esa situación, el PSOE explica al fiscal general que se asiste a una situación “injusta y desesperante para miles de personas engañadas, que está creando una enorme indignación social”. Se da por supuesto en el escrito, fruto del testimonio de muchas de estas personas, que los afectados adquirieron “de forma engañosa estos productos financieros y ahora van a tener que contribuir obligatoriamente al saneamiento de las entidades que les engañaron, como si fueran unos accionistas más”. En los debates parlamentarios que ha habido al respecto, el último hace diez días cuando se convalidó el decreto–ley que pone en marcha estos canjes con quitas, la oposición se aferró al argumento, para rechazar la solución del Gobierno, de que los afectados no son “accionistas sino ahorradores”.

En el escrito a la Fiscalía se alude a las demandas judiciales individuales que han dado la razón a los demandantes, “declarando nulos de pleno derecho los contratos, aduciendo que los ahorradores no contaban con la información necesaria para saber lo que adquirían, conociendo sus ventajas pero en absoluto sus inconvenientes”. Los afectados son tantos y de tan diferentes lugares que, para el PSOE, la Fiscalía es el órgano que está en mejor situación para “ejercer una acción coordinada en defensa de la legalidad, de los intereses de los afectados, que conduzca a la consecución de una solución global para todos ellos”.