Urdangarin se niega a entregar al juez las declaraciones de la renta del matrimonio

El juez José Castro ha dictado hoy una providencia en la que ordena al Registro Mercantil de Barcelona que entregue la totalidad de los documentos, libros de cuentas, actas y memorias obrantes en sus archivos correspondientes al depósito de la empresa Aizoon. Esta es la firma familiar a través de la que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina canalizó entre 800.000 euros y un millón de ingresos de los negocios privados del duque. Las defensas del duque y de la duquesa señalan que ella no tuvo actividad empresarial ni responsabilidad como administradora.

Así, el juez Castro ha adoptado otra iniciativa que alude al patrimonio, las cuentas, la empresa familiar Aizoon y la aparente actividad mercantil de la infanta Cristina. El instructor del caso Urdangarin imputó a la hija del Rey por supuesta corrupción y a pesar de que su auto fue recurrido por el fiscal y la hija del Rey ante la Audiencia de Palma, siguió actuando; así reclamó a la Agencia Tributaria que le remitiera las diez últimas declaraciones fiscales de Cristina de Borbón y Grecia, así como las de su esposo.

El juez recuerda que la impugnación de la imputación y la suspensión de la prevista declaración de la duquesa de Palma no paraliza el proceso ni la instrucción sobre ella.

Hoy se ha sabido, además, que el duque de Palma se opone a la petición del juez de unir a la causa las declaraciones de la renta de los dos miembros del matrimonio, en régimen de separación de bienes y que efectúan sus liquidaciones de impuesto de manera individual.

El juez Castro indaga de manera especial la compañía Aizoon que es propiedad exclusiva de la pareja Urdangarin-Borbón y en la que ambos canalizan la administración de bienes y fondos. Las acusaciones por tres delitos fiscales que existen contra Urdangarin se basan en la supuesta defraudación sobre la realidad del capital ingresado en la compañía, su plantilla real o ficticia. Urdangarin facturó sus asesorías desde Aizoon, como un servicio empresarial y no profesional de consejero.

Los socialistas de Valencia, acusación

Por otra parte, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia PSPV PSOE es parte de la causa del caso Nóos, como acusación popular por la supuesta repercusión económica y penal sobre las arcas públicas de la ciudad. Ese grupo político cuestiona las acuerdos de financiación que las entidades de promoción efectuaron, durante el actual mandato de la alcaldesa Rita Barberá del PP.

La Fundación Valencia Turisme y, por otra parte, Cacsa, Ciudad de las Artes y las Letras, abonaron de acuerdo con la Generalitat Valenciana de Francisco Camps, unos tres millones de euros al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres para diferentes eventos Valencia Summit y los no natos Juegos Europeos. La Generalitat anunció que se personaría para exigir la responsabilidad civil, no para ejercer la acusación penal.