El fiscal ordena acusar de colaboración con ETA a los dos acusados del chivatazo

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha ordenado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusar de colaboración con ETA al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector José María Ballesteros en relación con el caso Faisán, el supuesto chivatazo que permitió la huida del aparato de extorsión de la banda terrorista en mayo de 2006. Torres-Dulce ha impuesto su jerarquía estatutaria contra el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se inclinaba por imputar a los dos agentes únicamente un delito de revelación de secretos.

El artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que “el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones”. Estas órdenes pueden tener, según la ley, “tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”. Este ha sido el artículo es el que ha permitido a Torres-Dulce forzar al fiscal de la Audiencia Carlos Bautista a incluir en su escrito de calificación la colaboración con ETA como “alternativa” a la revelación de secretos. En el escrito, el fiscal de la Audiencia Nacional afirma que “la calificación jurídica alternativa se formula en virtud de lo dispuesto por el artículo 25” del Estatuto del ministerio público.

Por el delito de revelación de secretos, el fiscal solicita para el procesado Pamiés una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para la profesión de policía, mientras que para Ballesteros, ascendido a comisario, pide un año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación. Por la calificación alternativa de colaboración con ETA, impuesta por Torres-Dulce, las penas solicitadas son de cinco años de prisión y once años de inhabilitación absoluta tanto para Pamiés como para Ballesteros.

Según fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el pasado jueves, Torres-Dulce dio la consigna de que se acusara de colaboración con ETA a los dos mandos policiales al fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza. Este trasladó al máximo responsable del ministerio público su desacuerdo, y el del fiscal encargado del caso, Carlos Bautista, con esa calificación jurídica de los hechos. Ante la falta de acuerdo con Torres-Dulce, Zaragoza pidió a su superior que le enviara la orden por escrito, como prevé el Estatuto fiscal en su artículo 28.

También le advirtió Zaragoza, según las mismas fuentes, de que el fiscal Bautista haría constar que incluye el delito de colaboración con organización terrrorista por orden superior en su escrito de acusación, conocido ayer. Efectivamente, el fiscal encargado de investigar el chivatazo a ETA incluyó en su redacción un párrafo inusitado en este tipo de escritos. “La calificación jurídica alternativa [esto es, la de colaboración con organización terrorista] se formula en virtud de lo dispuesto por el artículo 25, párrafo 1º, inciso 1º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.

Bajo su aparente asepsia legal, el párrafo supone una manifestación del malestar de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por lo que consideran una intromisión en su trabajo. Fuentes de la Audiencia señalan que el fiscal podría verse en una situación paradójica en el juicio, que se celebrará probablemente este otoño. Bautista puede verse obligado por Torres-Dulce a mantener una acusación de colaboración con organización terrorista cuando sus conclusiones sobre los hechos se expresen de forma que lleven a concluir lo contrario.

Esa no sería la única paradoja legal que podría derivarse de la acusación de colaboración con banda armada a los dos policías. Después de frustrarse en mayo de 2006 la operación policial conjunta por el supuesto chivatazo, en junio del mismo año, el aparato de extorsión etarra radicado en el bar Faisán fue desmantelado. El juicio a los supuestos cobradores del impuesto revolucionario, entre otros delitos por intergración en organización terrorista, todavía no se ha celebrado, y tendrá lugar previsiblemente después de la vista oral sobre el chivatazo. Podría darse el caso de que los policías fueran condenados por colaboración con ETA y que, posteriormente, los supuestos extorsionadores no fueran considerados miembros de la banda.

Los hechos del caso Faisán se remontan al 3 de mayo de 2006. Ese día, Joseba Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán de Irún, centro neurálgico de la red de extorsión de ETA, situado en la antigua frontera con Francia, se reunió en una sidrería de Oiartzun (Gipuzkoa) con el colaborador etarra Ramón Sagarzazu y el fallecido dirigente del PNV Gorka Agirre. La policía, que tenía intervenidas las comunicaciones de Elosua, sospechaba que en ese encuentro se iba a realizar la entrega de “nueve millones de pesetas” (54.000 euros), a las que los interlocutores se habían referido como “nueve botellas de vino”. Dicho dinero se entregaría al día siguiente en el bar Faisán al enlace etarra Cau Aldanur, residente en Francia y que siempre pasaba al lado español cuando Elosua le llamaba para hacerle entregas de dinero en el establecimiento.

Las fuerzas de seguridad españolas y francesas organizaron operativo policial para detener a los sospechosos de financiar a ETA y desmantelar su estructura el día 4 de mayo por la mañana. El acuerdo entre ambas policías consistía en dejar que Cau Aldanur se reuniera con Elosua en el Faisán, y una vez de vuelta en la frontera, se le detuviera y se constatara que portaba el dinero anunciado.

Según la Fiscalía, con el fin de “impedir la detención de Gorka Agirre”, el dirigente peneuvista y supuesto proveedor del dinero, el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, contactó con el inspector de la comisaría de Vitoria José María Ballesteros y le encargó que esa mañana entrara en el bar Faisán para avisar a Elosúa de que Cau no entrara en España porque sería detenido inmediatamente. Según la fiscalía, Pamies buscaba una persona que no perteneciera a la plantilla de San Sebastián y no pudiera ser reconocida por los agentes encargados de la operación. Ballesteros, destinado en la Brigada de Información de Vitoria, investigaba el terrorismo yihadista.

El escrito recoge que Ballesteros recibió varias llamadas de Pamiés esa mañana del 4 de mayo de 2006. Sobre las 11:20 el inspector entró en el bar Faisán, y tras preguntar por Joseba Elosua, le pasó el teléfono móvil. Según la fiscalía, en la conversación, de ocho minutos, Pamiés le dio a Elosúa datos de la operación para hacerla creíble y evitar que Cau cruzara la frontera. Tras la conversación, el dueño del bar, acompañado por su yerno, pasaron a Francia, y según la conversación grabada en el coche, y pese a que Pamiés le dio instrucciones para que no hablara de ello, conversaron sobre el supuesto chivatazo.

Finalmente, el 22 de junio, todos los integrantes de la red de extorsión etarra fueron detenidos. Sin embargo, en ninguno de los registros se hallaron ni los 54.000 euros ni las cartas de impuesto revolucionario y los sellos de ETA que la Policía pensaba que Elosua ocultaba en una lonja de su propiedad a 200 metros del bar Faisán.