“Los escraches no tienen el mismo sentido cuando ya han dado al botón rojo”

La PAH valora terminar con las polémicas protestas a las puertas de las casas de los diputados "Seguiremos con la desobediencia civil”, señalan tras la votación de la nueva ley

Foto: atlas | Vídeo: ATLAS

La futura Ley de Medidas para la Protección de los Deudores, Reestructuración de la deuda y Alquiler Social seguirá su tramitación en el Senado. Durante el periodo de debate en el Congreso de los Diputados, los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) convocaron en distintas provincias de España los polémicos escraches, las protestas frente a las viviendas y los lugares de trabajo de los diputados del PP para intentar sin éxito modificar el sentido de su voto. Ahora sopesan aparcar esa fórmula pero advierten de que seguirán con “más desobediencia civil”. En su opinión, la futura ley no incluye “verdaderas medidas para afrontar el fenómeno” de los desahucios.

Así lo indicó este viernes uno de los abogados de la PAH, Rafael Mayoral, en una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados con activistas de Murcia y Málaga. “Una vez que los diputados han dado al botón rojo no tiene el mismo sentido que antes”, añadió Sara Vázquez, de la PAH de Málaga, en referencia a los escraches. El PP les ha acusado de “hostigamiento” por este tipo de iniciativas, por las que más de una treintena de participantes se enfrentan a multas de hasta 1.500 euros. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, llegó a calificarlas de “nazismo puro”.

En principio, los escraches de la PAH tendrán “una duración corta porque el proceso legislativo está muy cercano a concluir”, explicó este viernes Paco Morote, activista de Murcia, tras recordar que “algunos ya están en marcha” y tras definirlos como “la presión de los pobres”. Pero creen que, aunque su plataforma los aparque, el modelo se expandirá a otros ámbitos. “Es una herramienta que empezarán a usar otros colectivos, como los afectados por los recortes en Sanidad y Educación, para señalar a los culpables”, auguraba por la tarde Daniel Lozano, de la PAH de Madrid, tras el escrache doble convocado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Mientras un grupo de activistas, policías y periodistas daban vueltas en el barrio madrileño de Argüelles, otro menos numeroso accedió al portal de la casa del ministro, donde colocaron las pegatinas rojas con la leyenda Pero no quieren con las que emulan el botón que sirve para emitir un voto negativo en el hemiciclo.

La PAH no ve rastro en la futura ley de las peticiones “de mínimos” de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentaron avalada por casi 1,5 millones de firmas para reclamar la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la generalización de los alquileres sociales y que el mismo jueves intentaron retirar del Congreso. “En cualquier momento puede haber cambios en la normativa, se pueden incluir en el Senado”, dijo el abogado Mayoral, que cree que los diputados del PP “tomaron la decisión de tirar a la basura la propuesta de la sociedad civil” con la votación. Los integrantes de la PAH discutirán ahora nuevas medidas de movilización “en las calles, en los juzgados y en cualquier parte”. Más allá de la polémica protesta, los antidesahucio se aferran a la reciente sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que permite a los juzgados españoles paralizar cautelarmente desahucios mientras estudia si los contratos hipotecarios incluyen cláusulas abusivas. Afectados del colectivo acudieron de forma masiva a los tribunales tras el fallo de Luxemburgo y anuncian que seguirán haciéndolo. También mantendrán las movilizaciones para frenar desahucios in situ y las negociaciones con los bancos para más daciones en pago y alquileres sociales.

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Sobre la firma

Pilar Álvarez

Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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