El PP no registró en su contabilidad oficial pagos que admiten sus dirigentes

Cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, varios dirigentes del Partido Popular confirmaron algunos de los apuntes que el extesorero había anotado en su cuaderno. Sin embargo, no hay rastro de los pagos en la contabilidad oficial del partido, lo que refuerza la idea de que Luis Bárcenas manejaba fondos que escapaban a cualquier control y que repartía según las necesidades del momento sin declararlos. Es el caso de Santiago Abascal Escuza, miembro del PP en Álava, que aseguró que su partido le entregó en 1999 dos millones de pesetas (12.000 euros) en 1999, cuando Álvaro Lapuerta era tesorero.

Abascal había sufrido dos atentados en su comercio en Amurrio (Álava), y le pidió al partido ayuda para afrontar los desperfectos. “No recuerdo nada de todo aquello, solo que me dieron el dinero”, declaró el pasado febrero tras la publicación de los documentos. Pero los miles de folios de la contabilidad oficial que contienen detalles tan aparentemente insignificantes, como la compra de un plato por 430 pesetas (2,5 euros) o copias de llaves por 300 pesetas (1,8 euros), nada dicen sobre la ayuda que recibió Abascal. Él mismo admitió que no recuerda de qué manera le pagaron: “No, creo que no fui a Madrid a por el dinero”, aseguró sin más aclaraciones.

Otro caso llamativo es el de Calixto Ayesa, exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra y actual miembro de la ejecutiva del PP en esa comunidad. A través de un comunicado validó los papeles de Bárcenas admitiendo que había sido “el perceptor”, de varias cantidades a nombre de Jaime Ignacio del Burgo, exdirigente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que durante años se presentó en coalición con el PP. Era Del Burgo quien hacía de correo entre el partido y Ayesa para pagarle a este último una compensación por tener que cerrar su consulta dermatológica cuando aceptó la responsabilidad de Gobierno. Bárcenas anotó que “Jaime I. del B.”, recibió en diciembre de 1991 600.000 pesetas, cantidad que se repitió en cuatro ocasiones en 1992 junto a otra anotación de 900.000 pesetas. Ayesa admitió que, por comodidad, Del Burgo recogía el dinero en Madrid y se lo entregaba a él en compensación por lo que dejaría de recibir por cerrar su negocio privado.

En total, los documentos de Bárcenas detallan pagos entre los años 91 y 92 de 3,9 millones de pesetas (23.439 euros) que tampoco están en la contabilidad oficial a nombre de ninguno de los dos. Consecuentemente no habrían sido declarados a Hacienda, una idea que se refuerza con la documentación que recibió de la Agencia Tributaria el juzgado que lleva el caso y que negaba retenciones practicadas por el PP. Ayesa no quiso ayer dar explicaciones a este periódico: “No tengo nada que decir, han pasado 20 años”.

Los abonos de supuesto dinero negro anotados por Bárcenas fueron a parar en algunos casos a víctimas del terrorismo. El propio Jaime Ignacio del Burgo admitió que habría cobrado en julio de 2001 500.000 pesetas (3.000 euros) “para entregarlas a una concejal de UPN que había sufrido un atentado de ETA y se había quedado en situación de absoluto desamparo porque su vivienda quedó destrozada”. La afectada fue la edil de Villalba Elena Murillo Gay, que recibió el dinero de manos de Del Burgo: “Le hice firmar un recibí”, señaló el exdirigente de UPN, que después lo envió al partido: “Ahí debe constar”, aclaró el pasado febrero. Pero ni él ni Murillo figuran con esa cantidad ni con ninguna otra en los 11 tomos de unas 500 páginas cada uno que describen las finanzas populares de ese año, al menos no con sus nombres o a través de una referencia al atentado.

Otro acto terrorista, el que acabó con la vida de Francisco Cano Consuegra en 2000 en Terrassa, aparecía en la caja oculta del extesorero por una compensación que recibió su viuda de 18.000 euros y que ella misma admitió haber recibido para pagar los estudios de sus hijas. En las cuentas oficiales no consta ese pago así en los años que tendría que haberse realizado.

En otros casos los supuestos destinatarios de los sobres negaron de plano cualquier implicación, como Pedro Arriola, que aparece mencionado en 30 ocasiones en los años 1990, 1991, 1992, 2002 y 2003 en la contabilidad B. En esos ejercicios una de sus empresas, Instituto de Estudios Sociales, que se dedica a la elaboración de encuestas, facturó a la formación conservadora oficialmente 1.249.955 euros. Pero Arriola no figura como perceptor individual de ninguna cantidad en la documentación que el PP proporcionó al Tribunal de Cuentas para su auditoría.

Algo parecido le ocurre al arquitecto Gonzalo Urquijo, apuntado en los papeles del extesorero como destinatario de varias cantidades en los años 2006 y 2008. Su empresa Unifica realizó durante esos años obras en la sede nacional del PP que fueron declaradas.

El partido consignó legalmente tanto los donativos que recibía (minuciosamente anotados por Bárcenas en su cuaderno con cantidades que luego fraccionaba para legalizar) como los que destinaba a asociaciones sin ánimo de lucro. La organización pacifista vasca ¡Basta ya! admitió como “perfectamente posible” uno de los apuntes del extesorero de 3.005 euros en el año 2002. En la contabilidad oficial no aparece, aunque sí figuran otras donaciones como la de una entidad de ayuda a Sarajevo.

El caso del portal de internet Libertad Digital, dirigido por Federico Jiménez Losantos, es distinto. Bárcenas señaló dos entregas bajo el epígrafe: “Compra Alberto Dorrego Libertad Digital” que suman 36.100 euros. Su reflejo detallado en los papeles oficiales es inexistente aunque Losantos reconoció que pudo deberse a un pago de publicidad.