“La imputación de la Infanta puede ser una condena provisional”

La defensa de la infanta Cristina reclama que se anule su imputación y la validez del auto del juez instructor del caso Urdangarin, José Castro, porque “no imputa ningún hecho que pueda constituir una infracción penal”. Los abogados de la hija del Rey indican que la imputación de ciertos personajes públicos, “especialmente aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado”, tiene “socialmente un sentido punitivo adicional que debe ser tomado en consideración”, y observan las “cargas o efectos negativos, tanto procesales como extraprocesales”. Además, afirman que "no tiene sentido" un encausamiento que augura "nulas posibilidades de prosperar", sin que las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado hayan formulado acción alguna.

Los letrados Miquel Roca y Jesús Silva creen que no hay hechos base ni rasgos racionales de criminalidad, sino meras conjeturas del juez. Con indicios “débiles, inconsistentes e insuficientes”, la obligada presencia de la esposa de Iñaki Urdangarin ante el juez resultaría una medida “más propia del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo”, por la Inquisición. Apelan al procedimiento justo que garantiza la Constitución y refutan lo que creen la inversión del principio de presunción de inocencia, es decir, que la Infanta deba probarla.

Si la Audiencia de Palma no rectifica el auto de José Castro, según los abogados, “resulta imposible evitar que se convierta [la imputación] en un juicio de condena provisional”, multiplicado por los medios. El gran volumen del ruido mediático, apuntan, que puede perseguir el imputado y exsocio de Nóos Diego Torres, es la única base de su implicación. Torres es visto como “un testigo imputado de escasa o nula credibilidad”.

Los letrados de la duquesa advierten, además, contra el ejercicio abusivo del derecho de defensa, más allá de la buena fe, en una alusión a la táctica del letrado de Diego Torres.

Los abogados de Cristina de Borbón recuerdan que en tres autos judiciales se rechazó su vinculación penal, y que la de ahora es una imputación tardía, extemporánea. Como el fiscal Pedro Horrach, creen que se fractura el principio de igualdad y se vulnera el principio acusatorio. Aseguran que no hay de datos sobre su participación en los delitos que se atribuyen a su marido. No se puede dar “una responsabilidad por omisión”, toda vez que la mujer no debe responder, en teoría, “por no evitar los delitos que sabe está cometiendo su marido”.