Cuatro imputados asumen pagos a la trama del Gobierno de Matas

La Fiscalía Anticorrupción considera que los hechos descubiertos y sus acusaciones sobre la trama de supuesta malversación de 8,2 millones de caudales públicos del caso Scala, el de las cajas de Cola Cao enterradas con 240.000 euros de 2008, se demuestran en la vista del juicio que contra 18 imputados se celebra en la Audiencia de Palma.

Ayer una funcionaria detalló cómo todos los expedientes de los contratos y adjudicaciones de la empresa pública Consorcio de Desarrollo Económico de las islas Baleares CDEIB estaban amañados, que se fabricaban tras decidir el encargo a una de las compañías cómplices del clan y que pagaban comisiones. Además cuatro acusados confesaron su implicación en la organización de pagos ilícitos y manipulación de adjudicaciones. La cúpula del grupo inicialmente reclamó comisiones "para financiar al PP” y posteriormente se dijo que ya "no solo eran para el partido sino para repartir".

Este escándalo fue descubierto tras la caída del Gobierno de Baleares de Jaume Matas del PP (2003-2007). Semanas antes de la vista oral Anticorrupción cerró un pacto conformidad, autoinculpación y reparación del daño, con 16 de los 18 imputados. El abono de dádivas, porcentajes entre el 5% y el 40% de los contratos públicos, se instaló como norma en el consorcio CDEIB de la consejería de Comercio que encabezó José Juan Cardona.

Cardona, exlíder del PP de Ibiza, que fue consejero durante ocho años en los dos mandatos de Matas, rechaza todos los hechos en los que le implican el resto de acusados, arrepentidos y teóricos socios del clan. El relato contra el exconsejero lo sostuvo, con detalles, el director general Kurt Viaene, la gerente del Consorcio, Antonia Ordinas, el exsobrino político de Matas, Felipe Ferré, todos ellos expulsados del PP.

Un empresario de publicidad, un analista, un editor que fue director general en otra área de Gobierno del PP y una cantante de ópera se declararon parte del sistema de pagos corruptos. Que pagaban. El publicista Joan Rosselló, que logró 5,5 millones del consorcio autonómico —sin competencia—, detalló su relación con el episodio de la supuesta financiación electoral del PP de Ibiza y Formentera.

Rosselló fue emplazado por el líder del PP y consejero Cardona —en la sede del Parlamento— a realizar hasta seis toneladas de folletos municipales y autonómicos para las elecciones de 2007. El transporte de esta partida de publicidad política, urgente y por avión, desde Palma hasta Ibiza, costó 10.000 euros y fue pagado desde las arcas públicas.

El PP no abonó en su día a Rosselló la edición (30.000 euros entre diseño e impresión) y el partido figura en el juicio como posible responsable civil. El trabajo electoral fue exigido como una contraprestación por el monto de contratos oficiales que Rosselló había logrado de la consejería de Cardona. Cinco testimonios distintos (Rosselló, Viaene, Ordinas, un funcionario y un testaferro) confirman este episodio que atañe al PP.

La Audiencia de Palma escuchó ayer la versión de la cantante de ópera Isabel Rosselló sobre su protagonismo como mujer de paja en la trama de corrupción que la policía bautizó Operación Scala por su implicación. La asociación ilícita la lideró su esposa, la gerente del Consorcio, Antonia Ordinas. La gerente tiene una petición del fiscal de cuatro años de cárcel mientras que Viaene afronta una posible pena de cinco años y medio de cárcel. Isabel Rosselló, menos de dos años.

Kurt Viane efectuó una confesión y un alegato acusador en el juicio, afirmó que cobró comisiones y que las pagó (cinco veces y en mano hasta 100.000 euros) al consejero Cardona. El político exlíder del PP de Ibiza se enfrenta a una posible pena de 21 años de cárcel.