Interior decidirá en cada caso el perímetro de seguridad de los escraches

El Ministerio del Interior establecerá en cada caso, en función de las necesidades y las características del lugar, el perímetro de seguridad de las viviendas de los diputados o dirigentes políticos frente a los escraches. El titular de ese departamento, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que esa distancia no tiene por qué ser de 300 metros y que no se ha dado a la policía ninguna instrucción en ese sentido. "No se ha adoptado ninguna medida de distancia de seguridad de 300 metros. Yo eso como ministro lo desmiento", ha señalado Fernández en los pasillos del Congreso. Interior aplicará, por tanto, "flexibilidad y proporcionalidad". "No tiene ningún sentido, es absurdo" fijar a priori esa distancia, ha insistido el ministro.

Las palabras de Fernández matizan las del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que esta mañana había hablado de dar instrucciones "claras" a la policía para que, como norma general, prohíba la celebración de escraches a menos de 300 metros de los domicilios de los políticos. El objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos de ambas partes.

En declaraciones a los medios tras inaugurar la primera convención de mandos de la policía, el secretario de Estado de Seguridad ha asegurado que se está trabajando "con el mismo criterio" que ha adoptado la Ertzaintza recientemente y que fija este límite especial.

Ignacio Cosidó, director de la policía, ha dejado claro que los agentes actuarán con "proporcionalidad" y "equilibrio". Además, ha calificado de "error" que se dimensione este fenómeno y su gravedad, que es "muy limitada". No obstante, ha señalado que los actos violentos y la coacción son inaceptables: "Hay actitudes de acoso e insulto, de agresiones verbales o físicas que son prácticas totalitarias y que requieren no solo la actuación de la policía, sino también una condena expresa de todos los que creemos en la democracia".

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, también ha hablado sobre los desahucios esta mañana. Ha pedido que se aumenten las facultades de los jueces en la materia, de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que abre la puerta a que los magistrados puedan parar estos procedimientos en determinadas circunstancias.

Becerril ha planteado esta propuesta durante su comparecencia en el pleno del Senado, donde ha presentado una actualización del informe monográfico sobre la crisis y los deudores hipotecarios elaborado en enero de 2012. Allí ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda de la regulación de la situación de los deudores hipotecarios. La defensora ha propuesto dos tipos de medidas: paliativas y preventivas.

La defensora ha abogado por que se dote al juez de mayor capacidad para que exista "una mayor flexibilidad a la hora de facilitar acuerdos entre acreedores y deudores" que permita una "segunda oportunidad" a la hora de poder pagar las deudas. Así, ha recordado que hay familias a las que la crisis económica les ha llevado a la imposibilidad de "devolver los préstamos a las entidades financieras y se quedan sin vivienda".

Becerril ha propuesto establecer un acto previo de conciliación en el que el juez tenga la potestad de imponer un acuerdo razonable, limitar los "abusivos intereses de demora", aplicar la dación en pago "solo en algunas circunstancias" y elaborar el concepto jurídico de "deudor de buena fe".

También ha insistido en otras medidas, como la creación de un procedimiento para las situaciones de insolvencia personal y familiar para que se pueda conservar la vivienda y encontrar "una vía de salida reduciendo y alargando las obligaciones de pago".