Iguales ante la ley

La imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos es un hecho histórico que daña y ensucia la imagen de la Familia Real. Desde hace un año, esta posibilidad rondaba por los aledaños de la causa como hipótesis más que probable. El juez José Castro ha acabado este miércoles con todas las elucubraciones y ha imputado a la Infanta, pese a las reticencias de la Fiscalía Anticorrupción, en un caso de grave corrupción.

El caso Nóos investiga la apropiación indebida de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su exsocio Diego Torres, aprovechando contratos públicos por más de seis millones de euros que adjudicaron a dedo los gobiernos del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana.

Aunque el instituto Nóos se presentaba en público con las credenciales reales de Urdangarin y un supuesto fin benéfico sin ánimo de lucro, los costes de los eventos que organizaba estaban muy por debajo de las tarifas que cobraba.

Las ganancias siempre terminaban en la caja de empresas privadas de Urdangarin y Torres. Una de las sociedades más beneficiadas por estas prácticas, consideradas delictivas por juez y fiscal del caso, se llama Aizoon y es propiedad al 50% de Urdangarin y su esposa la infanta Cristina.

Del negocio muy lucrativo e ilícito que montó Urdangarin, según la investigación, se lucró su esposa.

Además, la infanta Cristina formaba parte de la Junta Directiva del Instituto Nóos. Era uno de sus cinco miembros aunque, según los empleados de la empresa que han declarado ante el juez, nunca se la vio por la sede, ni en el sumario aparece la firma de la Infanta vinculada a la toma de decisiones o a la administración de fondos.

Esa ausencia aparente de la Infanta en la gestión cotidiana del Instituto Nóos y la inexistencia de documentos que acreditaran su participación en la dirección de la misma llevó al juez José Castro a desestimar la petición de una de las acusaciones particulares para imputar a la hija del Rey.

Desde entonces, hace casi un año, el juez ha incorporado al sumario algunos indicios de que la Infanta pudo conocer, proteger y ayudar al negocio de su marido, en el que figuraba como vocal de la Junta Directiva. En sus interrogatorios a testigos e imputados, ha buscado nuevos indicios para que nadie pensara que dispensaba un trato de favor a la hija del Rey. Con su última decisión, el juez Castro parece haber llevado a su última consecuencia aquella sentencia del Rey en su mensaje de nochebuena de 2011, según la cual todos los españoles son iguales ante la ley. Hasta su hija.

El exsocio de Urdangarin, Diego Torres, ha colaborado activamente a la imputación de la Infanta suministrando al juez cientos de correos electrónicos que mostraban una cierta complicidad de la Casa del Rey con los negocios de Urdangarin, así como la supuesta intermediación de la Infanta para allanar el camino de los proyectos empresariales de su marido.

En la recta final de la primera causa judicial en la historia reciente de España que implica a la Familia Real, el juez ha decidido citar como imputada a la Infanta. Esa imputación no significa que la hija del Rey vaya a ser procesada por corrupción junto a su marido, al que el juez le ha impuesto una voluminosa fianza de responsabilidad civil para responder del supuesto daño causado a las arcas públicas. Aunque cabe esa posibilidad.