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Prisión para un miembro del PSM de Mallorca por supuesta corrupción

El PP denunció el asunto y exige al grupo mallorquín que "pida perdón"

El Partido Popular impulsó una acción penal de la Fiscalía Anticorrupción sobre subvenciones culturales y de gestión de senderos y rutas de montaña, concedidas por el Consell de Mallorca y también el Gobierno balear en época de las mayorías de izquierdas y nacionalistas. Desde este martes, el responsable técnico de la Asociación Pas del Camí, Emili Gallardo, nacionalista y candidato independiente del PSM de Sa Pobla, está en prisión incondicional acusado de prevaricación, malversación y fraude. Las cantidades supuestamente malversados no superan inicialmente los 120.000 en siete expedientes distintos.

El PP celebró como un éxito la caída del primer político del PSM. Mabel Cabrer, portavoz de los conservadores, afirmó que "el PSM no es inmune a la corrupción política", recordó que siempre se jactó de no tener a ningún miembro imputado en un escándalo. En coherencia con este discurso, el PP exigió que el grupo mallorquinista que “pida perdón” por este caso y asuma las responsabilidades. El PP indica que la corrupción afecta a personas y no a los partidos.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por Miguel Ángel Subirán, exigió el ingreso en la cárcel de Emili Gallardo –un político de segundo nivel, apenas conocido- porque considera que existe riesgo de destrucción de pruebas tras tomarle declaración. Pas del Camí recibió pagos con facturas irregulares, percibió cantidades en apariencia desorbitadas por parte del Consell de Mallorca, en el departamento comandado por el PSM, o del Inestur del Gobierno balear, en manos de Unió Mallorquina. Para gestionar una entrevista con un alcalde Gallardo facturó 70 horas.

Las investigaciones se centran en presuntos pagos desde 2008 hasta 2011. La acusación sospecha que varios de los trabajos comprometidos nunca se llegaron a ejecutar. Una de las figuras actuales del PSM y antigua vicepresidenta del Consell de Mallorca, la diputada Joana Lluïsa Mascaró, personada en la causa como responsable política de una parte de las subvenciones, anunció que dimitirá si es imputada.