Un histórico ‘narco’ blanquea 2,4 millones convertido en prestamista

Aunque los últimos años vivía aparentemente retirado de las grandes operaciones de narcotráfico en su pueblo de Sanxenxo (Pontevedra), el tren de vida del empresario Antonio Carballa Magdalena llamó la atención de la Agencia Tributaria en una investigación sobre blanqueo de dinero a narcos gallegos: su patrimonio no coincidía con los ingresos que declaraba.

Con un largo historial que se remonta a los años ochenta con el contrabando de tabaco y después de cumplir 20 años de condenas, Carballa, de 57 años, se ha venido dedicando, como muchos otros narcotraficantes de la zona, a la compraventa de fincas y negocios inmobiliarios utilizando a su familia de testaferros.

Pero entre los métodos de manual empleados para blanquear hasta 3,9 millones de euros, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) descubrió uno insólito que ha quedado, en parte, acreditado en pruebas documentales halladas en el registro de su chalé. Los investigadores comprobaron que Antonio Carballa dedicaba una parte de sus ingresos a conceder créditos muy rentables, aunque no se ha podido determinar la cantidad global de los intereses que obtuvo por ello.

Narcotraficante de segunda fila, Carballa pasó tres veces por la cárcel

Entre finales de 2008 y 2009, concedió 2.467.561 euros en préstamos a empresas y personas físicas, dinero que, según la investigación siempre procedía del narcotráfico, y que de esta manera era transformado en los correspondientes derechos de crédito. Carballa llevaba contabilidad de todo el dinero que prestaba y de las operaciones mercantiles que realizaba.

En una de las operaciones que se detallan por la Fiscalía Antidroga en 2008, Carballa concedió dos créditos a las mercantiles Croil S.L. y Croil Patróleo, uno de 265.000 euros y otro de 196.000 euros, que tuvieron entrada en la contabilidad de las empresas bajo el concepto de "prestamos". El dinero fue ingresado en efectivo pero no figuraba su nombre como prestamista. Ambas sociedades están participadas mayoritariamente por la mercantil Pradoinver Iniciativas, propiedad de la familia Prado Padín, siendo administradores solidarios los hermanos Jonatan y Diego Prado Padín, también imputados en este proceso penal.

Una banda colombiana lo secuestró y reclamó por él un millón

Con la finalidad de restituir el dinero prestado ya blanqueado, Carballa y los beneficiarios por su liquidez planearon otro negocio jurídico. En febrero de 2009, la empresa Sanxenxo Urbanizaciones, que controlaba el prestamista a través de su esposa e hija, compró a Pradoinver participaciones de Croil y de Croil Petróleo por 53.700 euros, que pagó en efectivo. Menos de ocho meses después, se realizó la operación inversa pero por un importe mayor, por lo que la promotora de Carballa obtuvo un sorprendente incremento patrimonial de 490.000 euros y 29.000 euros en concepto de intereses por el préstamo. Las operaciones inmobiliarias de blanqueo de la familia comienzan alrededor de 1994, cuando Carballa compró varias fincas en Sanxenxo abonando en efectivo 180.303 euros mediante un contrato de compraventa que en 2004 se elevó a escritura pública, haciendo figurar como compradora a su mujer, y por lo que pagó 12.621 euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En 2006, su mujer cedió las fincas en concepto de permuta a las mercantiles Promociones Portonovo y Construcciones Bamarti, a cambio de siete viviendas con las correspondientes plazas de garaje y trasteros. A efectos fiscales se ha valorado la permuta en 720.000 euros.

A través de empresas familiares conseguía ampliar su patrimonio

En 2000, María Luisa González vendió por 78.000 euros un inmueble en Poio (Pontevedra), que había comprado en 1985. Con ese dinero suscribió un fondo de inversión que posteriormente fue reembolsado en una cuenta bancaria a su nombre y dos de sus hijos. Un año después compró otra finca en Sanxenxo y 18 participaciones sociales de Promociones Antoncar por 5.409 euros. "De esta forma, el dinero procedente del narcotráfico inicialmente invertido por el acusado, con la colaboración indispensable de su cónyuge, volvía nuevamente transformado al patrimonio familiar en forma de propiedades inmobiliarias", señala el fiscal antidroga en su escrito de acusación.

Entre 2008 y 2009 el imputado compró otras cuatro fincas en Sanxenxo por 67.500 euros, además de varios vehículos de alta gama y una moto Yamaha por 8.371 euros. Carballa llegó a adquirir a través de su hija Beatriz una plaza de atraque en el puerto deportivo de Combarro (Pontevedra), en régimen de concesión por la que pagó 26.581 euros.

Su hija y su yerno, también imputado, adquirieron por mitades indivisas una parcela en un polígono residencial en Bargas (Toledo) por 149.051 euros, que fue abonado el mismo día del otorgamiento de la escritura pública de compraventa, mediante el cheque bancario. En la citada cuenta se cargaron, además, 10.433 euros correspondientes al pago de un impuesto.

Para hacer frente al pago de la finca y del impuesto se había realizado un ingreso en efectivo por importe de 159.500 euros.

Se enfrenta a penas de hasta seis años y multas que suman 20 millones

Antonio Carballa, un narcotraficante del segundo escalón, pasó en tres ocasiones por la cárcel. En 1993, la Policía le vinculó con el buque Islander, de bandera panameña, que se desplazaba hasta Brasil y Venezuela para recoger alijos de cocaína que eran desembarcados en Galicia y en la costa norteafricana con destino a Centroeuropa. Un año después, el barco fue interceptado en medio del Atlántico, pero los 4.000 kilos que se cree que transportaba fueron arrojados al océano.

La organización colombiana que proveía la droga secuestró a Carballa y le reclamó un millón de euros por la mercancía perdida. Aunque se desconoce cómo logró su libertad, al poco tiempo preparaba otro transporte de cocaína.

El grupo gallego compró entonces el buque panameño Archangelos, que en enero de 1995, en medio de una tormenta tropical, fue abordado por Aduanas en un arriesgado abordaje sorpresa para evitar que la droga acabase otra vez en el fondo del Atlántico. Los agentes tuvieron que enfrentarse a varios tripulantes que se amotinaron para repeler el asalto. La policía se incautó en aquella ocasión de 2.713 kilogramos de cocaína de pureza superior al 80%, y detuvo a 21 personas, entre ellos tres mujeres entre las que también se encontraba la esposa de Carballa, María Luisa González.

El matrimonio, su hija y otros cinco imputados más están acusados de blanqueo y delito fiscal y serán juzgados a partir del 11 de abril en la Audiencia de Pontevedra. Como en el caso de Antonio Carballa, el principal imputado, todos se enfrentan a condenas de hasta seis años de cárcel y multas que suman más de 20 millones de euros.