La juez encarcela a dos exdirectivos de Eurobank y dos testaferros de los ERE
La Operación Heracles concluye con siete encarcelados tras los 22 detenidos Podría haber superado el plazo límite para la detención ilegal
En una jornada maratoniana, la juez Mercedes Alaya ha enviado este sábado a prisión a los exdirectivos del grupo Eurobank, propietario de la consultora de los ERE Vitalia, Eduardo Pascual y María Vaqué, así como a los testaferros de los ERE fraudulentos Eduardo Leal e Ismael Sierra. Con esta decisión la juez ha decretado prisión para cuatro de los 22 detenidos en la Operación Heracles, a los que hay que sumar otros tres imputados que habían sido citados judicialmente, también encarcelados tras su declaración: el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el intermediario o conseguidor Juan Lanzas y el exdirectivo de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín.
La juez impuso a Leal y Sierra, cuñado de Lanzas, una fianza de 50.000 euros para poder eludir la cárcel, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado la prisión incondicional para ambos. Alaya les acusa de asociación ilícita, malversación, falsedad y un delito contra la Hacienda Pública. Para los dos exdirectivos de Eurobank, procesados por el Juzgado 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional por el caso Eurobank, Alaya decretó prisión incondicional sin fianza. Pascual está acusado de cohecho, prevaricación, un delito fiscal, asociación ilícita, falsedad y malversación como principal responsable del desvío de fondos públicos de la Junta desde Vitalia. Hace un mes, el juez Pablo Ruz acordó la apertura de juicio oral contra Pascual y Vaqué junto a otros 13 exdirectivos de Eurobank por estafa, apropiación indebida y blanqueo. La Fiscalía Anticorrupción les pide entre cinco y siete años de cárcel para todos ellos.
Este sábado, en dos horas de declaración iniciadas a las nueve de la mañana, tras toda la noche en espera, Pascual rechazó las acusaciones de Alaya: “Dígame donde tengo el dinero. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía”, dijo el empresario, que ya había declarado ante la Guardia Civil.
La juez acusa a ambos exdirectivos de lucrarse con comisiones abusivas que superaron el 20% del costo de las pólizas. El abogado de Pascual, Cristóbal Martell, respondió a la juez: “Es una mal llamada sobrecomisión porque la media ponderada es del 10%, que se ajusta al mercado. Además, era conocido por el Grupo Vitalicio y fiscalizado por la Dirección General de Seguros”.
Los retrasos de las eternas declaraciones de esta semana pueden haber provocado un problema grave para la instrucción del caso. Los cuatro imputados encarcelados fueron detenidos el miércoles por la mañana. El plazo legal si se trata de una detención judicial, desde que una persona es arrestada hasta que el juez toma una decisión al respecto, ponerle en libertad o enviarle a prisión, es de 72 horas. Este plazo se habría cumplido si el miércoles la detención fue ordenada por la juez. En ese caso, las defensas tienen en bandeja un argumento clave para presentar una nulidad que afecte a la instrucción de Alaya por prevaricación judicial.
En caso de que las detenciones de la Guardia Civil fueran policiales, el plazo comenzaría a contar desde que los detenidos son puestos a disposición de la juez, por lo que en ese caso no habría mayor problema. Estos matices son fundamentales y se irán conociendo a medida que trasciendan los detalles de la Operación Heracles, dado que la investigación está bajo secreto.
“Todo apunta a una detención judicial, ya que mal se explicaría un despliegue coordinado de 200 agentes si no es judicial. El auto dictado fuera de las 72 horas conduce a la libertad”, censuró Martell. La Audiencia Nacional anuló recientemente la prórroga de la detención de la trama de Gao Ping en la Operación Emperador.
Alaya aún podría afrontar un problema añadido: desde que detuvo a esas cuatro personas que esperaban en calabozos, la instructora tomó declaración a personas que no habían sido detenidas, por lo que se retrasó su comparecencia y se primó la declaración de personas imputadas, pero que no esperaban a la juez en un calabozo.
24 horas continuadas de declaración
Viernes, 15.45: la juez Mercedes Alaya llega a los juzgados sevillanos. Sábado, 15.51: la magistrada abandona la sede judicial con gafas de sol, maleta con documentos y exhausta. La instructora estuvo un día completo tomando declaración y dictando autos de prisión para los últimos detenidos de la Operación Heracles.
La magistrada acusó el cansancio, y cuando abandonó los juzgados, el desgaste físico era patente. Durante las declaraciones judiciales de la pasada primavera, la juez ya dio muestras de su tesón en jornadas maratonianas y agotadoras, en las que los imputados soportaron interrogatorios eternos y con un tono más que incisivo que provocó las protestas de los abogados. Fue el caso de la declaración del exconsejero Antonio Fernández, que duró tres días y cuya última jornada cerró también el círculo de las 24 horas con un evidente desgaste físico para todos: imputado, letrados, fiscales y periodistas.
Sin embargo, ayer la instructora tomó una decisión especialmente llamativa al prolongar su jornada de manera extrema y forzar al límite el plazo de detención legal de 72 horas. Hace solo tres semanas que la juez se reincorporó al trabajo después de una baja por enfermedad de seis meses. Su salud, por tanto, es delicada, y en los últimos cuatro días ha sufrido un ritmo frenético. El pasado miércoles a las 8.30 los agentes informaron al ex director general de Trabajo Javier Guerrero que debía comparecer a las diez de la mañana. Alaya llegó al juzgado a las once de la mañana y el imputado comenzó a declarar a las dos de la tarde. La juez, famosa por su fuerte carácter, discrepó de su superior, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, al ordenar el alejamiento de los periodistas de su juzgado con nulo contacto con los abogados. Se impuso Alaya.
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