Joaquín Almunia también fue espiado

Diciembre de 2010. La Comisión Europea abre un procedimiento antimonopolio contra ocho fabricantes de cemento de España y otros países de la Unión Europea. Competencia, con el español Joaquín Almunia al frente de esa área desde apenas unos meses antes, sospecha de prácticas de reparto de mercado y pacto de precios en el sector del cemento. A raíz de ese proceso, Almunia, exsecretario general del PSOE y vicepresidente de la Comisión desde 2004, fue una de las víctimas de la trama de espionaje político en la que también se han visto involucrados varios dirigentes de CiU y del PP catalán. El informe, apenas cuatro folios por el que se pagaron casi 16.000 euros, “está repleto de errores y vaguedades”, explican a este periódico fuentes de los servicios de la Dirección General de Competencia.

Citando dos fuentes próximas a Almunia, un exdirector de Competencia de Madrid —probablemente Pedro Schwarz— y al CNI, el informe aconseja tratar de imponer “presión política sobre su propio partido, el PSOE” y presentar un informe detallado sobre los efectos del sector cementero sobre la economía “para ralentizar la investigación todo lo posible y, si finalmente hay sanción, que sea lo más baja posible”.

Las cementeras han conseguido la citada ralentización de ese proceso: más de dos años después de la apertura de la investigación, sigue sin estar concluida. Pero con una estrategia muy diferente de la que se apuntaba en el informe: la Comisión puso en marcha inspecciones por sorpresa en la sede de las empresas, que interpusieron un caso ante la Corte de Justicia con quejas por el tipo de información solicitada por las autoridades europeas. Competencia está a la espera de la opinión de la Corte de Justicia, según los servicios de la dirección general. Eso, y el hecho de que se trata de un proceso abierto ex oficio (es decir, sin una queja formal de una empresa, que suele aportar pruebas y acelera la investigación), han retrasado la solución del caso.

El informe —con un destacado “muy confidencial” en la primera página— describe algunas de las labores de lobby que suelen realizarse en Bruselas. Y ofrece datos generales del perfil de Almunia, “una figura respetada” en la UE, con “aún más poder” en Competencia del que tenía como comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, con fuertes lazos con el PSOE, en el que ciertas voces internas “reclaman su regreso a la política nacional en las elecciones de 2012” (algo que no se produjo).

Y dan algunas pistas sobre el caso: acusan a Lafarge de haber provisto de información a la Comisión con objeto de obtener inmunidad y hablan de una segunda compañía que está empezando a hacer algo parecido, pese a que Competencia asegura que toda la investigación se ha seguido sin recurrir a ese tipo de averiguaciones. “Es probable que defienda los intereses de España, con una profunda crisis en marcha, en los que sectores estratégicos” como el cementero podrían utilizar una sanción para presentar un expediente de regulación con “la excusa de las sanciones”. “Esa es la razón por la que el Gobierno de Zapatero no puede permitir hechos como este tipo de investigación que afecte a este sector”.

Almunia reconoció hace unas semanas estar “sorprendido” por las noticias que le señalaban como una de las víctimas de la trama de espionaje político y reclamó responsabilidades para los autores de estas “tropelías impropias de una democracia”. “Hay que exigir responsabilidades hasta el final y quien haya cometido delitos de este tipo que los pague”, comentó sobre los presuntos espionajes durante la última década a políticos de todas las formaciones.