Rajoy se desvincula de la presencia de negociadores etarras en Noruega
Rosa Díez acusa al Gobierno de "consentir" la presencia de los terroristas y la negociación
La presencia de tres etarras en Noruega, expulsados por ese país y probablemente ahora en Francia, le resulta ajena al Gobierno que preside Mariano Rajoy: “Para dejar las cosas claras si estas personas estaban o no en Noruega si dejaron o no de estar, nada tiene que ver con las decisiones del Gobierno que yo presido, nada que ver”. De manera enfática el presidente del Gobierno ha hecho estas apreciaciones con el afán de dejar claro en la sesión de control en el Congreso de los Diputados que su Gobierno ni ha consentido ni ha favorecido la larga estancia de tres etarras en Oslo (José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, David Plá e Iratxe Sorzabal), tal como le ha reprochado la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Con esta respuesta el presidente del Gobierno además de asegurar que no conocía esta situación, sobre todo, pone la pelota en el tejado del anterior Ejecutivo, que implícitamente, según el PP, no impidió la acción de los verificadores del fin de la violencia de los etarras.
Este asunto ha sido el primero con el que ha abierto la sesión de control al Gobierno a través de una pregunta de Díez a Rajoy. Ya empezó mal porque el presidente, como le ocurrió en el debate de la nación del mes pasado, insiste en cambiar una vocal del apellido de la líder de UPyD y llamarla "Díaz". “Díez, presidente; Rosa Díez, presidente”, le ha corregido la diputada.
Pero la insatisfacción de Díez ha venido por la respuesta del presidente a sus afirmaciones de que “es imposible” que el Gobierno no supiera de la presencia de los etarras en Noruega, con los llamados verificadores “ y seguramente negociando”. No cree la diputada que el Gobierno fuera ajeno a esta presencia de los terroristas en ese país europeos desde noviembre de 2011.
“Ustedes sabían y consintieron que estuvieran en Noruega, por qué si no, hubieran llamado a consultas al embajador y, sobre todo ¿cómo se compadece su afirmación de que se perseguirá a los etarras allí donde estén con este consentimiento?”, preguntó Díez, tras relatar el historial sanguinario de los tres aludidos, que ahora seguramente están ya en Francia una vez que fueron expulsados por el Gobierno noruego.
Ni una sola concesión ha hecho el presidente del Gobierno a estas afirmaciones. Ni un milímetro se ha salido del guion, de que este Gobierno “ni ha negociado ni negociará con ETA”, y además, sobre estos tres etarras hay orden de detención internacional y, en dos casos, orden de entrega”. Y, una vez más, la afirmación de que con ETA “no hay nada que negociar”.
Ultimátum de violencia
La cúpula etarra llevaba acogida por Noruega desde finales de 2011, coincidiendo con el anuncio del cese definitivo de la violencia realizado por la banda. El pasado enero, las conversaciones que Ternera, Pla y Sorzabal mantenían con la Comisión Internacional de Verificación —un grupo experto en resolución de conflictos compuesto por expertos militares y policiales de varios países— naufragaron ante la ausencia de “gestos” que demostraran la voluntad de paz de los etarras. Este fracaso provocó que las autoridades de Oslo ordenaran la salida la dirección de la banda de su territorio. Francia y España ya habían solicitado al país nórdico que dejara de acoger a los miembros de ETA, que están buscados por la justicia.
Durante su estancia en Noruega, los etarras mantuvieron varios encuentros con los verificadores internacionales y con representantes de la izquierda abertzale desplazados desde el País Vasco. Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió en el fallido proceso de paz de 2006, en esta ocasión el Gobierno español no envió a ningún interlocutor para negociar con los etarras.
Tras la expulsión, la Comisión de Verificación Internacional del cese definitivo de la violencia, presidida por Ram Manikkalingam, ha dado a la banda de plazo hasta septiembre para que avance hacia el desarme. En el caso de que no se produzcan avances en la consolidación de ese final, la comisión se disolverá y finalizará su papel verificador y, con ello, previsiblemente, la protección internacional a ETA.
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