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El apoderado admite que Bárcenas paró nueve meses la comisión rogatoria suiza

La fiscalía helvética ordenó el envío de los datos a España el 19 de enero de 2012

La entrega efectiva fue nueve meses más tarde tras los recursos de abogados del extesorero

Iván Yáñez, apoderado de Luis Bárcenas. Ampliar foto
Iván Yáñez, apoderado de Luis Bárcenas. EFE

Iván Yáñez, apoderado de Luis Bárcenas ante el Dresdner Bank (ahora LGT) de Ginebra, confirmó el pasado viernes en su declaración ante el juez Pablo Ruz que el extesorero del PP dio órdenes de que se bloquease el envío a España de los datos sobre sus cuentas en Suiza pedidos mediante una comisión rogatoria, una decisión de la que le informó puntualmente. Las instrucciones provocaron que la información sobre el dinero suizo de Bárcenas llegara a manos del juez Ruz con nueve meses de retraso.

Al terminar de declarar ante el juez, las fiscales y el abogado del Estado, el letrado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), José Mariano Benítez de Lugo, preguntó a Yáñez sobre el desvío de 4,5 millones de la cuenta 8.401489 de las empresas pantalla Fundación Sinequanon (de Panamá), e Impala Ltd. (Islas Bermudas), cuyo beneficiario real es Bárcenas. A continuación, le dijo si sabía que Bárcenas había ordenado frenar la llegada a España de los datos de la comisión rogatoria suiza. Yáñez dijo que “Luis” (a veces le llamaba Luis y otras “el señor Luis Bárcenas” durante su declaración) le había informado sobre ello.

El ministerio público de la Confederación Helvética dictó el 19 de enero de 2012 la orden para que se enviasen a España los datos sobre las cuentas de Bárcenas, recogidos a lo largo de dos años y medio. Desde ese día, los extractos bancarios, movimientos y órdenes transmitidas por Bárcenas a Agathe Stimoli, la ejecutiva encargada de la cuenta 8.401489, podían llegar a España en unas semanas o en un mes como mucho. Con ello, la información sobre la fortuna de Bárcenas en una cuenta suiza habría aterrizado en Madrid a finales de enero de 2012, es decir, algo más de un mes después de que se formase el Gobierno de Mariano Rajoy, el 22 de diciembre de 2011.

Bárcenas contrató en sucesivos momentos a dos bufetes de abogados para bloquear la comisión rogatoria. El primero de ellos es De la Gándara & Associés, que encargó el caso a Sharam Dini, abogado muy conocido en Suiza. Dini presentó un recurso ante la Corte de Quejas del Tribunal Penal Federal Suizo (que es parte del Tribunal Supremo). El argumento del abogado fue que su cliente, una de las sociedades pantalla de Bárcenas, no tuvo conocimiento de la admisión a trámite el 3 de enero de 2009 de la petición de auxilio judicial de España. Dicha corte rechazó el recurso el 13 de junio de 2012. El 25 de junio Dini volvió a la carga con otro recurso en el que pedía que el Tribunal Federal ordenara el retorno de la causa a la Corte de Quejas o la anulación de la resolución de entrega de los datos a España del 19 de enero de 2012, verdadero objetivo de la acción jurídica.

Bárcenas perdió los dos recursos, pero siguió adelante. Lo fundamental era retrasar al máximo la llegada de los datos a España. Según fuentes jurídicas, el extesorero esperaba mucho más del PP en el Gobierno. Al fracasar los primeros dos recursos, utilizó otra de sus empresas pantalla y a otro abogado. Douglas Hornung, de Hornung Avocats, presentó otros dos recursos, que fueron rechazados hasta que se agotó la posibilidad de seguir bloqueando la entrega de los datos. El 9 de octubre de 2012, el tribunal desestimó los recursos e impuso el pago de costas al recurrente.

Para el PP y para el Gobierno de Rajoy, los nueve meses de demora fueron decisivos. Aplazó el estallido del escándalo de la cuenta suiza de Bárcenas durante un tiempo en el que pudo llevar adelante su plan de austeridad y navegar hacia el rescate europeo de las entidades financieras en crisis.

“Bárcenas intentaba defenderse a sí mismo. Pero, al frenar nueve meses la entrega de esos datos, ha hecho un servicio a su antiguo partido y al Gobierno”, señala una fuente jurídica. Bárcenas, a partir de abril de 2010, cobraba 21.038 de euros mensuales. Cuando llegaron los datos a España, el 20 de noviembre de 2012, seguía cobrando. Fuentes consultadas en Suiza señalan que el coste de los recursos pudo haber ascendido a entre 50.000 y 60.000 francos suizos (entre 40.000 y 48.000). Un abogado de Ginebra consultado por este periódico explicó: “Un recurso, cuatro recursos... Se trata simplemente de copia y pega. Es más de lo mismo, no requiere mucho ingenio”.

Cuando el 25 de febrero Ruz preguntó a Bárcenas acerca de su conocimiento de la llegada de la comisión rogatoria al juzgado de la Audiencia Nacional, el extesorero del PP dijo: “Yo conocía la comisión rogatoria de vuelta de las Navidades, [por]que me [lo] dijo mi letrado”. El juez insistió. ¿Cuándo dice a la vuelta de Navidades, es en el mes de enero? El extesorero dijo “Sí, el 4 de enero o así...”.

La llegada de la comisión rogatoria fue comunicada a las partes el 16 de enero por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia. Pero Bárcenas ya sabía por sus abogados suizos desde mucho antes, desde el 9 de octubre de 2012, cuando el tribunal suizo rechazó su último recurso, que los datos sobre sus cuentas se abrían camino a España.