Los papeles de Bárcenas llegan al juzgado

El Partido Popular presentó el pasado 6 de marzo una demanda contra EL PAÍS por la publicación de la contabilidad secreta de Luis Bárcenas, el exgerente y extesorero nacional que había controlado las cuentas de la formación conservadora entre 1990 y 2009. En esa contabilidad, escrita y visada por Bárcenas según todos los análisis grafológicos conocidos, se apuntaban en la casilla de los ingresos una serie de donativos al PP —7,5 millones de euros en los 15 años de anotaciones—, y en la casilla de los gastos o salidas de dinero el pago de diversas cantidades periódicas a la cúpula del partido —secretarios generales y vicesecretarios generales—, así como a diversos profesionales que prestaron servicios al PP, a víctimas del terrorismo y a varias asociaciones y fundaciones.

La dirección del PP rechazó desde el primer momento que esos papeles recogieran hechos reales y tras 34 días de análisis de la situación, con un fuerte debate interno sobre la estrategia a seguir, decidió demandar a EL PAÍS y al autor de esa contabilidad secreta, sin apuntar directamente a Bárcenas ni citarle como demandado. El extesorero había escrito de su puño y letra todas las anotaciones de esos papeles, según los distintos grafólogos contratados por numerosos medios de comunicación, incluido este periódico.

En un comunicado hecho público el pasado miércoles, el Partido Popular acusó a EL PAÍS de la “difusión premeditada e irresponsable, inexplicable en un medio de comunicación, de documentos (presumiblemente fabricados ad hoc) cuya autenticidad, veracidad y autoría no se ha contrastado ni de otro modo consta a quien los difunde”. Este hecho, según el PP, “pone evidentemente de manifiesto el criticable e inexistente rigor profesional y mala praxis de lo que hace”. El PP atribuía a este periódico la intención de “dañar la imagen y buena reputación del partido, de sus dirigentes y empleados”, con conclusiones “indebidamente extraídas de documentos falsos y muy probablemente manipulados, y los infundios derivados de su subjetiva interpretación por el medio”. Lo que sigue es el relato de cómo EL PAÍS contrastó la veracidad de los documentos y su contenido, sin vulnerar el secreto profesional que afecta a sus fuentes ni la identidad de aquellos miembros del PP que contribuyeron a verificar la información y pidieron expresamente permanecer en el anonimato.

EL PAÍS consiguió los 14 folios de la supuesta contabilidad secreta de Bárcenas días después de que la Audiencia Nacional hiciera público, a través de un auto del juez Pablo Ruz fechado el 15 de enero de 2013, las cuentas suizas donde el exdirigente popular llegó a acumular 22 millones de euros.

Mucho antes, en diciembre de 2010, EL PAÍS conoció que existían papeles manuscritos de Bárcenas donde se registraron pagos a la cúpula del PP en concepto de complementos salariales. Y que estos pagos supuestamente se abonaban en concepto de gastos de representación sin obligación de declararlos a Hacienda. Fuentes próximas a Bárcenas y al también extesorero popular Álvaro Lapuerta confirmaron al periódico la existencia de la contabilidad secreta. EL PAÍS llegó incluso a visionar los documentos y alguno de los apuntes en ellos recogidos, pero sin conseguir ni una copia de ellos ni los originales. Algunos dirigentes del PP se declararon conscientes de que Bárcenas amenazaba con una libreta que consignaba supuestos sobresueldos que cobraban algunos dirigentes populares. Su objetivo, explicaron las mismas fuentes, era utilizar dicha información para mejorar su situación procesal como imputado en la investigación de la trama Gürtel.

El periódico verificó las anotaciones del exgerente antes de publicarlas

EL PAÍS, pese a recabar varios testimonios de dirigentes populares y miembros del partido retirados de la primera línea pública en el sentido de que, efectivamente, se pagaban sobresueldos en la cúpula del partido, decidió no publicar nada en ese momento. La dirección del periódico decidió que no debía publicar una información con tantas implicaciones sin un soporte documental y una posterior labor de contraste. El periódico solo publicó los papeles de Bárcenas cuando dispuso de ellos y pudo comprobar la veracidad de lo que en ellos se reseñaba. Fue el pasado 31 de enero.

Antes de la publicación de esos documentos en el diario y en su edición digital, EL PAÍS trabajó durante días en el contraste de la veracidad de los apuntes de Bárcenas por distintas vías.

El diario encargó un informe pericial caligráfico a María del Rosario Casas Bartolomé, acreditada como perito calígrafo en el Decanato de los Juzgados de Madrid desde 1997 y directora del centro de formación de Grafología y Pericia Caligráfica, y consultó con otro experimentado perito calígrafo que ha firmado alguno de los informes más relevantes de causas abiertas en la Audiencia Nacional.

El periódico suministró a la perito María del Rosario Casas Bartolomé los documentos de la supuesta contabilidad secreta junto a varios escritos incorporados al sumario del caso Gürtel con textos manuscritos por Bárcenas o firmados por el extesorero cuya autoría estaba fuera de toda duda.

Dos peritos confirmaron que el imputado es el autor de los apuntes

El resultado de esa pericial caligráfica fue que la letra de la supuesta contabilidad secreta correspondía a Bárcenas y que los documentos publicados por EL PAÍS se habían elaborado a lo largo del tiempo y no de una sola vez, como sugería el comunicado del PP elaborado 34 días después de la publicación del documento, pues presentaban, “tanto en grafemas como en guarismos, una evolución gráfica, lógica donde se puede destacar la evolución en el ritmo, en la profundidad, en la extensión de su tamaño y fundamentalmente en el aumento de simplificaciones en sus trazos escriturales que sí se pueden corresponder con un periodo de tiempo de 18 años comprendido entre 1990 y 2008”. El informe caligráfico rechazaba además la posibilidad de que el documento pudiera haber sido objeto de montajes o manipulaciones.

Comprobada que la letra de los documentos correspondía al extesorero del PP, como señaló ese informe y luego ratificaron otros muchos estudios caligráficos publicados días después de destapar la existencia de los papeles de Bárcenas en distintos medios de comunicación, EL PAÍS comenzó a preguntar a una decena de personas —todos ellos dirigentes o exdirigentes del PP— que aparecían como receptores de fondos. También contactó con media docena de empresarios que figuraban como donantes de dinero en las anotaciones.

Dos días antes de la publicación de los documentos, EL PAÍS comenzó a llamar a los secretarios generales y vicesecretarios generales que había tenido el PP entre 1990 y 2013. Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Dolores de Cospedal negaron a este periódico que hubieran recibido las cantidades de dinero que había apuntado Bárcenas en su contabilidad secreta.

Asimismo, EL PAÍS habló con algunos de los principales empresarios que aparecían como donantes en los cuadernos del extesorero, que negaron haber pagado dinero al PP como había reflejado Bárcenas en su contabilidad.

EL PAÍS también investigó durante los días previos a la publicación de la noticia si los apuntes del extesorero coincidían con algunos aspectos investigados y descubiertos en el curso del sumario abierto por el caso Gürtel, en el que está imputado Luis Bárcenas por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y delito fiscal. La trama Gürtel se investiga en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia con dos decenas de imputados del PP. En la Comunidad Valenciana una de las causas abiertas tiene relación con la financiación irregular del PP a través de aportaciones opacas de empresarios que reciben adjudicaciones de esa administración autónoma.

El cruce de datos del sumario del caso Gürtel y de la contabilidad secreta de Bárcenas dio como resultado, días antes de publicar los documentos, que existían algunas semejanzas significativas entre los cuadernos y los hallazgos de la investigación. Las mismas semejanzas que, un mes después, también vio la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF) en el informe documentado que trasladó el pasado miércoles al juez Pablo Ruz. A la vista de las conclusiones policiales, el magistrado decidió abrir una pieza separada en el caso Gürtel para investigar los hechos reflejados en la contabilidad secreta de Bárcenas.

El análisis de EL PAÍS descubrió apuntes de Bárcenas sobre entradas de dinero en el PP nacional que coincidían en fechas y cantidades con la contabilidad B del PP gallego descubierta durante el registro de una caja de seguridad que tenía en Pontevedra Pablo Crespo, que fue secretario de organización de ese partido y después número dos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. Esa contabilidad B recogía una partida de 21 millones de pesetas oculta al fisco que salía de las arcas del PP gallego en mayo de 1999 y entraba el mismo mes del mismo año en las arcas del PP nacional, según los apuntes del extesorero.

Además, los documentos incautados por la policía a la red Gürtel sobre comisiones ilegales pagadas a Luis Bárcenas por la trama corrupta señalaban a Constructora Hispánica como una de las empresas que más dinero abonó al extesorero del PP a través de Francisco Correa.

En la contabilidad secreta de Bárcenas publicada por EL PAÍS, Constructora Hispánica y su dueño, Alfonso García Pozuelo, aparecían reiteradamente en la casilla de donantes del PP y, especialmente, en los años en que la red Gürtel pagó comisiones ilegales a Luis Bárcenas.

Los dirigentes del PP, consultados por EL PAÍS, negaron haber recibido pagos

Por último, otra empresa, Sedesa, figuraba en las anotaciones del extesorero del PP como donante del partido. Esa empresa está imputada en la causa de financiación ilegal del PP valenciano que investiga el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma.

Algunos de los perceptores de fondos confirmaron, una vez publicados los papeles de Bárcenas en EL PAÍS, que recibieron el dinero en las fechas registradas en esos documentos. Entre ellos, el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo, el actual presidente del Senado, Pío García Escudero, o el exconsejero navarro de Salud Calixto Ayesa, además de distintas asociaciones de víctimas del terrorismo o fundaciones.

Ante esa evidencia, el PP explicó que, probablemente, el autor de los documentos había tenido acceso a la contabilidad oficial del partido y había mezclado hechos ciertos con otros absolutamente falsos. Es la misma versión que mantuvo Luis Bárcenas, el extesorero del PP, cuando le preguntaron por esta circunstancia.

Este periódico ha intentado en reiteradas ocasiones conocer cómo se habían reflejado en la contabilidad oficial del partido los apuntes que daban por buenos sus beneficiarios e incluso la propia dirección popular. No ha sido posible hasta ahora. El PP se sigue negando a proporcionar esa información

Desde el pasado 31 de enero, cuando se publicaron los papeles de Bárcenas, EL PAÍS ha preguntado en reiteradas ocasiones a los portavoces populares por algunos aspectos de la contabilidad claramente verificables por el PP, como el coste de unas obras en la sede del edificio, la compra de participaciones de una empresa de comunicación, o las minutas cobradas por distintos profesionales que además de trabajar para el partido militaban en el mismo. Todas las preguntas remitidas al PP relacionadas con la contabilidad secreta de Bárcenas han sido contestadas con el silencio.

El cruce de datos con el sumario del 'caso Gürtel' verificó los apuntes

El Partido Popular aseguró que iba a hacer pública su contabilidad para demostrar la falsedad de los apuntes de Bárcenas, pero los documentos que hizo públicos sobre sus cuentas eran tan generales y poco detallados que era imposible verificar lo que la dirección del partido denunciaba.

Unos días antes de que EL PAÍS publicara la contabilidad secreta de Bárcenas, el diario El Mundo informó sobre el pago de sobresueldos en dinero negro a dirigentes de la cúpula del PP, sin mencionar nombres de los beneficiarios y excluyendo expresamente de la lista al actual presidente Mariano Rajoy y a la secretaria general, Dolores de Cospedal.

Las cantidades supuestamente pagadas —entre 5.000 y 15.000 euros al mes en función del cargo que ocuparan en el partido— eran muy superiores a las que reflejaban los cuadernos de Bárcenas publicados por EL PAÍS (un máximo de 6.300 euros al trimestre). En esa información se indicaba que el dinero procedía de comisiones ilegales que pagaban constructoras y empresas de seguridad al PP a cambio de adjudicaciones de obras. La noticia estaba basada en cinco fuentes, todas ellas anónimas y de toda solvencia, según el periódico, aunque sin documentos que apoyaran la información.

El PP amenazó con acciones legales contra todos los medios de comunicación que hubieran puesto en duda, a través de sus informaciones, la limpieza de sus cuentas. Pero en el debate suscitado por la publicación de la contabilidad secreta de Bárcenas en EL PAÍS, ganaron quienes preferían denunciar a un solo medio de comunicación, el que publicó la información basada en documentos manuscritos que todos los peritos calígrafos atribuyen al extesorero del Partido Popular.