Camps y Barberá, como Jaume Matas

El juez que instruye el caso Nóos imputó hace 15 meses al expresidente balear Jaume Matas al entender que sin su participación, Iñaki Urdangarin no hubiera conseguido, sin concurso previo alguno, dos contratos por más de dos millones de euros para organizar sendos eventos sobre turismo y deporte en Palma de Mallorca. Eran congresos similares a los que también organizó en Valencia por casi tres millones de euros.

Matas admitió a los periodistas que si el yerno del Rey le ofrecía su colaboración para un proyecto, su Gobierno no podía decirle que se presentase a un concurso. “A mí me interesó colaborar con el duque de Palma porque era el duque de Palma. No todos somos iguales”, declaró.

La investigación del caso Nóos comenzó a partir de unos registros ordenados por el juez José Castro en sedes oficiales del Gobierno balear dentro de la investigación del sobrecoste en la construcción del polideportivo Palma-Arena, que pasó de 48 millones de euros a más de 100.

Ese caso ha dado lugar a 25 piezas separadas que son un compendio de las diferentes modalidades de corrupción que se pueden dar en una administración autónoma: desde el cohecho y la prevaricación hasta la financiación ilegal del partido que está al frente del Ejecutivo que adjudica las obras.

Unos documentos requisados en uno de los registros pusieron al descubierto los anómalos convenios que la administración balear firmaba con el Instituto Nóos.

La investigación judicial descubrió que los tratos de favor que recibió Urdangarin y su instituto sin ánimo de lucro en Baleares se repitieron en la Comunidad Valenciana, donde organizó varios eventos con el mismo formato, sin concurso público y sin ningún control en el gasto del dinero asignado al Instituto Nóos.

El juez Castro ha tomado declaración a decenas de personas de la Comunidad Valenciana, muchos de ellos cargos de esa administración, hasta descubrir que Urdangarin logró los contratos millonarios con la misma fórmula que utilizó en Baleares.

El yerno del Rey contactó con el entonces presidente valenciano Francisco Camps y con la alcaldesa de Valencia Rita Barberá. Les ofreció su colaboración para la organización de los eventos y a partir de ahí, los servicios administrativos del ayuntamiento de Valencia y la Comunidad Valenciana trabajaron para hacer realidad los deseos de Urdangarin.

El juez tiene acreditado por la investigación del caso que sin la implicación de Camps y Barberá, el negocio de Urdangarin no hubiera sido posible. Camps y Barberá desempeñaron el mismo papel que Camps. Mientras el expresidente balear está imputado, los dirigentes valencianos se mantienen fuera de la causa. De momento.

Fuentes próximas a la investigación judicial sostienen que el juez José Castro tomará una decisión al finalizar la instrucción del caso para que la alcaldesa y el expresidente puedan ser imputados. Dado que ambos son diputados autonómicos, solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Este hecho llevará al juez Castro a inhibirse de la rama valenciana del caso Nóos y remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que decida sobre la imputación de ambos cargos públicos.

Por si no hubiera suficientes pruebas en la causa de la participación directa de Camps y Barberá en la adjudicación de los contratos sin concurso público al Instituto Nóos, el yerno del Rey confirmó al juez en su última declaración del pasado febrero que ambos dirigentes valencianos se reunieron con él y concertaron la celebración de los eventos antes de que se firmaran los convenios.