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El PP tampoco hará auditorías externas de las cuentas de los años de Bárcenas

Las tres consultoras de primer rango requeridas para esa tarea han rechazado hacerlo

Dolores de Cospedal. Ampliar foto
Dolores de Cospedal. EL PAÍS

No habrá auditoría externa sobre las cuentas del PP en los años afectados por los papeles de Bárcenas, desde 1990 a 2008, en contra de lo que anunció la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, cuando estalló el escándalo. No es falta de voluntad política, es que tal reto ha resultado imposible por varias razones.

Las tres consultoras de primer rango requeridas para esa tarea (KPMG, Price Waterhouse y Deloitte) han rechazado asumirla. Su argumentación es coincidente: no pueden auditar al PP porque sus cuentas ya están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, y, por lo tanto, su trabajo sería interpretado como una revisión o cuestionamiento de la actuación de tal organismo. Más que auditar al PP, se estaría auditando a dicho tribunal. Y es lo último que pretenden aparentar las consultoras citadas.

Por otro lado, hay un serio reparo legal a esa iniciativa, lanzada en aras de mostrar la transparencia del partido: el Tribunal de Cuentas ya aclaró el 1 de julio de 2011 de modo tajante que los organismos públicos no podían acudir al uso de auditoras externas privadas para revisar sus cuentas.

Esto ocurrió en plena alegría de iniciativas populares para demostrar la crudeza de la herencia recibida en algunas administraciones autonómicas y locales tras ganar el PP las elecciones del 22-M. Rajoy había instado a sus barones a hacerlo, en la cita que mantuvo con ellos el 1 de junio. “Tenemos que saber dónde estamos”, dijo. Pero un mes después, el Tribunal de Cuentas aplacó su furor: ninguna entidad pública puede ser fiscalizada por una auditora externa, salvo las sociedades mercantiles.

Y recordó que la Administración ya posee dos organismos para verificar el gasto: el Tribunal de Cuentas y la Intervención de Hacienda. Para poder contratar una auditoría externa sería “necesario demostrar la insuficiencia de medios para llevar a cabo las actuaciones programadas”. Por tanto, antes de acudir al auditor privado habría que cuestionar al organismo público.

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