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La reforma municipal convertirá a las Diputaciones en “centrales de compra”

El Gobierno quiere que la limitación de sueldos para los concejales entre en vigor este año

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EFE

La idea inicial del Gobierno de suprimir un buen puñado de Ayuntamientos para garantizarles una dimensión mínima que les permita prestar servicios básicos se ha quedado en la cuneta de la reforma municipal por las ampollas que la medida ha levantado en la oposición y entre los alcaldes del PP. Y aunque los cambios van por otros derroteros podrían dar el mismo resultado: el anteproyecto de ley que el viernes echó a andar (y que tiene como mínimo ocho meses de tramitación por delante) anticipa el futuro papel de las Diputaciones provinciales como grandes “centrales de compra para la gestión de servicios municipales”, según la definición que esta mañana ha dado el Ministerio de Hacienda. De este modo los pequeños municipios quedarían sumamente debilitados en sus atribuciones.Todo para conseguir un ahorro de 7.129 millones en el periodo 2013-2015.

Los cambios que prepara el Ejecutivo pivotan sobre la estructura provincial aunque todavía no está claro si las Diputaciones serán capaces de asumir el desarrollo de las competencias de los municipios inferiores a 20.000 habitantes (en España hay 7.719) que no puedan ofrecer servicios a un coste igual o menor al que marque el Gobierno. El Ejecutivo cree que el llamado “coste estándar”, que será fijado por decreto, demostrará que los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes pueden llegar a pagar tres veces más por un mismo servicio que los que consiguen economías de escala. El Consistorio que no consiga contratar a precios bajos los servicios de basuras, limpieza, abastecimiento de agua o reparación de viales, por poner tres ejemplos comunes, deberá cederle el mando a la Diputación y perderá todo control político. Sin embargo tendrá que seguir cobrando la tasa correspondiente a sus vecinos, aunque ese precio se dicte en la capital provincial. “Ahí habrá un importante ahorro”, insisten en el Ministerio, aunque no garantizan si ese recorte se trasladará directamente al bolsillo de los ciudadanos o lo absorberá la Administración.

Las medidas limitan el número de asesores y cargos electos, lo que supondrá un ahorro de 145 millones en el período 2013-2015.

La reforma, cuya primera piedra se puso el pasado viernes en el Consejo de Ministros, suscita serias dudas sobre la fijación del coste de un servicio. Un ejemplo: no cuesta lo mismo recoger la basura en una población castellana concentrada en un radio de un kilómetro que hacerlo en una dispersa y montañosa aldea gallega. “Se tendrá en cuenta el volumen de población, la densidad y el envejecimiento”, puntualiza el Gobierno. Fuentes de Hacienda explican que el coste de un determinado servicio en un municipio de menos de 5.000 habitantes cuesta 1.219,9 euros, frente a los 445,44 que supone en uno de más de 100.000 habitantes, según cálculos realizados por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).

En cuanto a las competencias llamadas “impropias” (que los entes locales prestan sin estar obligados a ello), la Administración central y las comunidades autónomas las asumirán de forma progresiva y “sin que suponga un gasto mayor". Algo complicado si se tienen en cuenta los números que presenta la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), donde calculan que hasta un 30% del presupuesto municipal se destina a sufragar servicios que no son propios. Hacienda rebaja ese porcentaje de competencias impropias que asumen los Ayuntamientos. Entran en este saco la educación infantil, la programación de la enseñanza, la construcción de guarderías y su gestión o los centros médicos que tienen muchos pueblos pequeños. En materia de sanidad el municipio solo podrá ejercer competencias relativas a la protección de la salubridad pública y cementerios, y nunca en la gestión de la atención primaria a menos que la Comunidad acuerde su cesión.

El ministerio que dirige Cristóbal Montoro, quiere que la rebaja de los salarios a alcaldes y concejales se aplique antes de que termine este año según los topes de retribución anunciados el pasado viernes. Las medidas pretenden limitar el número de asesores y cargos electos, lo que supondrá un ahorro de 145 millones en el período 2013-2015. Hacienda desconoce cuántos concejales tienen un sueldo de sus Ayuntamientos e incluso cuantos trabajadores eventuales tienen nómina municipal. Pero, sin embargo, calcula el ahorro que surtirá su plan.

Los sueldos de los ediles estarán referenciados a los de un secretario de Estado (unos 100.000 euros) y las limitaciones afectarán a todos los complementos salariales. No obstante, Hacienda no aclara si un Consistorio puede elevar la cantidad que paga en dieta para compensar a los concejales que no cobran.

En unos quince días se convocará la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que participan el Gobierno y la FEMP, en la que se entregará el texto de la reforma.