Ruz pregunta al fiscal si Bárcenas debe ser controlado con pulsera electrónica

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz preguntó ayer a la Fiscalía Anticorrupción si el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, al que se le ha encontrado una cuenta en Suiza en la que supuestamente logró evadir hasta 22 millones de euros, debe ser controlado con una pulsera electrónica para evitar que se fugue. Lo hace a petición de la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en el caso Gürtel. Ruz envió el escrito a las fiscales del caso, Miriam Segura y Concepción Sabadell, a las que solicita que le indiquen si se le debe colocar este dispositivo como medida cautelar.

En el escrito presentado al juez, ADADE descartaba pedir el ingreso en prisión de Bárcenas al considerar que podría tratarse de una “medida excesiva y desproporcionada”. Sin embargo, sí solicitaba “restringir en pequeña medida su derecho a la libre circulación”, así como otras medidas relacionadas con la disponibilidad de sus bienes”.

Esta parte solicitaba, en concreto, la “colocación en el citado imputado de un instrumento electrónico para su control permanente”, es decir, una pulsera electrónica que determine su localización exacta; la prohibición de que abandone el territorio nacional; la retirada del pasaporte y la obligación de que comparezca todas las semanas en el juzgado más próximo a su domicilio y la designación de una dirección y de un número de teléfono donde pudiera ser en cualquier momento localizado, comunicando de inmediato cualquier variación sobre ellos. ADADE también reclamaba “la prohibición inmediata de transferir o gravar de manera alguna sus bienes”, así como “el embargo preventivo de todos sus bienes y propiedades incluyendo, naturalmente, los que tenga en el extranjero”.

Una acusación quiere conjurar el riesgo de fuga y de vaciado patrimonial

Bárcenas está imputado por los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y cohecho. Llegó a tener hasta 22 millones en una cuenta en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza). En diciembre regularizó 10,9 millones (el delito fiscal en el resto habría prescrito, según su defensa) tras acogerse a la amnistía fiscal a través de la sociedad Tesedul, registrada en Uruguay, aunque todavía está por ver si el instructor da validez a esa regularización sobre la que el juzgado espera un informe de Hacienda, informa Europa Press.

Uno de los miembros del Gobierno, el ministro de Industria, José Manuel Soria, reconoció anoche en TVE que "algo se habrá hecho mal" cuando Luis Bárcenas logró acumular tanto dinero en una cuenta suiza durante su etapa como responsable de la tesorería del PP. Aunque a continuación atribuyó la responsabilidad "a quien lo ha hecho y nadie más" y añadió que el PP es "el máximo interesado" en llegar hasta el fondo del asunto, informa Europa Press.

Por otro lado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró ayer en Logroño que existen “indicios” suficientes para llegar “hasta el final” en el caso Bárcenas y aclarar la contabilidad manuscrita del que durante casi 20 años fue responsable de las cuentas del PP como gerente y tesorero. Torres-Dulce dio ayer un paso más al considerar que se dan las condiciones para continuar la investigación de las entregas recogidas en los apuntes de Bárcenas para determinar la existencia de posibles delitos. El fiscal general señaló que, en cualquier caso, será Anticorrupción el órgano encargado de diseñar “con la máxima celeridad” la estrategia para esclarecer estos hechos, informa Efe.

Hace una semana, tras la publicación en EL PAÍS de las primeras notas del extesorero, el fiscal general se mostró partidario de abrir ya una investigación sobre los papeles atribuidos a Bárcenas y aseguró en una entrevista que con las nuevas revelaciones había materia para iniciar una actuación de la fiscalía. Entonces también se mostró partidario de tomar declaración a toda la cúpula del PP e incluso al actual presidente de ese partido y jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, si lo considera necesario para aclarar lo ocurrido. “Todas aquellas personas que desde el punto de vista del ministerio fiscal puedan aportar algo a la investigación y al esclarecimiento de la verdad van a ser llamadas por el ministerio fiscal ante los tribunales de Justicia”, afirmó Torres-Dulce.

“No creo que haya nadie a estas alturas que no desee que estos hechos se esclarezcan por el bien de todos los implicados, el propio Estado de derecho y la necesidad de que exista confianza en la Administración de Justicia y la clase política”, añadió ayer.