Los jueces y fiscales conservadores se desmarcan de la huelga del día 20

La protestas se han convocado contra las reformas de Gallardón, especialmente en el CGPJ

Representantes de asociaciones de jueces y fiscales, durante la rueda de prensa en la que anunciaron la huelga.
Representantes de asociaciones de jueces y fiscales, durante la rueda de prensa en la que anunciaron la huelga. Álvaro García

Los jueces y fiscales han echado un nuevo pulso a Alberto Ruiz Gallardón al convocar una huelga para el próximo 20 de febrero en contra de las reformas en Justicia, especialmente contra el tasazo y la modificación del sistema de acceso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –el Ejecutivo pretende facilitar la llegada al órgano de gobierno de los jueces de los magistrados no asociados–. Los portavoces de las plataformas del sector, a excepción de las conservadoras y mayoritarias Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales, han asegurado que no les ha quedado otro remedio que tomar esta decisión, ante la negativa del ministro a negociar. No obstante, no descartan desconvocar los paros si, en el plazo de 10 días, sus peticiones son atendidas de manera “clara y nítida”.

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Los jueces y fiscales reclaman la supresión de tasas judiciales, o su modificación de forma que no supongan la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva —en el mes y medio de aplicación se ha registrado un 25% menos de litigios por la vía civil—; un incremento de la inversión pública en Justicia, que en España es inferior al 1% del PIB, frente a la media europea del 3% o 4%; la paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del CGPJ, que para ellos supone la “politización de un órgano ya de por sí politizado”; un incremento de las plantillas que, “ya sobrecargadas”, tendrán que asumir una mayor carga de trabajo si se suprimen los entre 900 y 1.000 jueces sustitutos; soluciones para el drama social de las ejecuciones hipotecarias, y la reforma de la Ley del Indulto, porque su concesión “reiterada” por parte del Gobierno “en contra del criterio del juez tiene un alto coste”.

Los portavoces de las asociaciones convocantes han insistido en que las plataformas conservadoras también secundan estas peticiones, a pesar de que hayan optado por no apoyar la huelga del día 20.

Sin respuesta oficial

La decisión de convocar los paros se tomó tras la reunión de la Comisión Interasociativa, formada por las siete plataformas que integran el colectivo de jueces y fiscales. Así lo han anunciado en la rueda de prensa que han ofrecido en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. El pasado 15 de enero, habían remitido al ministro de Justicia un documento con los límites de la reforma del CGPJ que consideran que no pueden ser traspasados, pero aseguran no haber obtenido respuesta. Representantes de las cinco asociaciones convocantes —Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— han afirmado que no es una medida grata, pero animan al resto de profesionales del sector a secundar la huelga.

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Para Joaquim Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, no ha sido una sorpresa que la APM haya declinado unirse a la convocatoria de huelga. Después de que Pablo Llarena asumiera la presidencia, la plataforma limó asperezas con Gallardón. Bosch ha recalcado, no obstante, que las plataformas de jueces convocantes suman unos 1.600 asociados, frente a los 1.200 de la APM. Para él, "la actitud prepotente del ministro Gallardón lo ha inhabilitado como interlocutor" y por eso no ha quedado otro remedio que convocar los paros.

El origen de la disputa entre el ministerio y las asociaciones fue la ley de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que introducía en el ámbito judicial los recortes generalizados en la función pública. Después llegaron las tasas judiciales, en vigor desde el 17 de diciembre, que levantaron a jueces, fiscales y, sobre todo, abogados contra el departamento de Gallardón. La reforma del CGPJ es la gota que ha colmado el vaso. Justicia quiere cambiar el modo de elección de los miembros para restar influencia a las asociaciones y que jueces no asociados puedan presentarse como vocales si cuentan con al menos 25 apoyos de sus compañeros –frente a los 100 que se han exigido hasta ahora–.

En diciembre, los jueces protagonizaron un paro parcial de una hora. La primera huelga del sector en democracia se había producido el 18 de febrero de 2009, cuando cientos de jueces pararon un día entero para reclamar más medios materiales y personales al entonces ministro, el socialista Mariano Fernández Bermejo.

Sobre la firma

María Sosa Troya

Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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