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Cayo Lara: “El Gobierno está propiciando un estallido social”

Izquierda Plural y Grupo Mixto piden endurecer las penas para casos de corrupción

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA
Cayo Lara, esta mañana en el Congreso
Cayo Lara, esta mañana en el CongresoEFE

Justificado o no el peligro de protestas en la calle de gran calado no es descartable en absoluto. “Es posible que pueda haber un estallido social porque la actuación del Gobierno y del PP lo está propiciando y la gente está harta”. Esta apreciación del coordinador general de Izquierda Unida está en la base de las propuestas que ha presentado en el Congreso de los Diputados al hilo de los casos de corrupción: Una proposición de ley, con el endurecimiento de las penas por casos de corrupción y la vuelta de tuerca de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Junto a esta proposición, ha formalizado la petición de una comisión de investigación sobre prácticas corruptas, que tiene el apoyo del Grupo Mixto, y que tendrá el apoyo de la mayoría de los partidos de la oposición. El PSOE oficiosamente transmite que probablemente la apoyará cuando se vote su creación en un pleno del Congreso.

Una especie de cartografía sobre la corrupción es lo que pretende hacer Izquierda Plural, (IU- ICV y CHA), junto a ERC, BNG, Nueva Canaria, Compromís-Equo, Geroa Bai y Amaiur, que comparten firma en la solicitud de la comisión de investigación como en la proposición de ley que presenta en solitario. No ha ahorrado Cayo Lara gravedad al describir su punto de vista sobre la situación actual del país. Además del peligro de “estallido social”, se cierne sobre España una corriente “antipolítica”, muy grave y preocupante para la estabilidad de la democracia. “Hay casos de corrupción pero la mayoría de los que se dedican a la política son gente limpia que hace su trabajo con honradez”, ha dicho Lara.

Izquierda Plural y el Grupo Mixto solicitan una comisión de investigación sobre prácticas corruptas

Pero no se llama a engaño. “Hoy los ciudadanos aplauden propuestas de reducción de concejales, que no cobren los parlamentarios y cunde la máxima de que ‘todos son iguales‘. La sombra de la corrupción se extiende “a políticos y empresarios que financian a algún partido”, dijo Lara en referencia a la información de EL PAÍS sobre las aportaciones de empresarios al PP sin pasar por el filtro legal, según figura en las anotaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas. “La mayoría de los políticos y los empresarios son justos y no son corruptos”, sentenció el político izquierdista.

Pero para los que no lo son, se dedican las medidas que propone Izquierda Plural, con un endurecimiento del Código Penal y la creación de nuevos tipos penales para los funcionarios o autoridades que percibieran beneficios ilícitos. Cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la ley de financiación de partidos políticos componen un texto articulado que tiene como objetivo poner cerco a la corrupción y, si se produce, que se castigue.

La puesta en marcha de la comisión de investigación dependerá de la voluntad del Grupo Popular que pospone sus decisiones hasta que mañana sábado se reúna su Comité Ejecutivo, presidido por el presidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy. La comisión que propone IU tendría seis meses de duración desde su puesta en marcha y trataría de analizar la “tipología de corrupción política desde una óptica integral”. El estudio de la vinculación de tramas de corrupción vinculadas a la financiación irregular de partidos políticos, así como la respuesta de los propios partidos.

En el bloque de medidas figura el control de procesos de contratación de las Administraciones Públicas; medidas que garanticen la transparencia e información pública de los partidos. Entre las reformas legales destaca la del Tribunal de Cuentas que fiscaliza las cuentas de los partidos con plazos muy dilatados. Actualmente coteja la financiación de hace cinco años. Si hubiera algún delito, ya habría prescrito

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Sobre la firma

ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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