El Consejo de Ministros pospone la aprobación de la Ley de Régimen Local

Se aplaza sin fecha fija. Los anuncios gubernamentales de que hoy sería el día de los Ayuntamientos por cuanto que el Consejo de Ministros aprobaría o la ley o, al menos, un anteproyecto de la futura Ley de Régimen Local, no se cumplirán. En las últimas horas se ha transmitido que el Ejecutivo se da un tiempo más antes de aprobar la norma que sustituirá a la que regula la vida municipal desde 1985 con el afán de seguir en el intento de alcanzar un mayor acuerdo. Lo cierto es que a medida que han pasado las semanas el ambiente de pacto con el PSOE se ha deshecho como un azucarillo. Además, tampoco en los alcaldes del PP hay entusiasmo por ninguno de los borradores que hasta ahora le ha presentado el Gobierno. Formalmente no pasa nada extraño sino que el Gobierno se da más tiempo para perfeccionar la ley que, además, será enviada a la Comisión Nacional de Administración Local, (CNAL), tal como había exigido el PSOE.

El fantasma de la intervención de los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes por las diputaciones provinciales choca con el rechazo rotundo del PSOE y también del PP. El primero lo proclama a través del vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, y el máximo representante municipal del PSOE, Gaspar Zarrías.

Desde el PP la disciplina se mantiene con el Gobierno y con la dirección del partido, de manera que ejercitan la máxima de que los conflictos de familia se ventilan en casa. Ahora bien, en la intimidad de las reuniones y las conversaciones, los ediles del PP transmiten al Gobierno y al partido su absoluto desacuerdo en la intervención de los Ayuntamientos de ciudades menores de 20.000 habitantes. Los criterios para despojar a los Consistorios de sus funciones se establecerían en función de “estándares de calidad”, pero fuentes gubernamentales reconocen que detrás de ese rótulo hay “ratios económicas”. Es decir, si incurren en déficit se les quitará la función.

Como un avance sustancial consideró el presidente de la FEMP, el popular Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, que la diputación se quede con los servicios del Ayuntamiento pero que no le arrebate la titularidad de la competencia, como figura en el primer borrador del Gobierno. Pero tampoco los alcaldes del PSOE, ni los del PP, dan palmas por este cambio ya que en la práctica, en la realidad, el Ayuntamiento se queda sin prestar el servicio. Este podrá ser recuperado en cinco años tras una nueva evaluación. Ni siquiera el inicial acuerdo sobre los sueldos de los alcaldes se mantiene intacto al día de hoy.