Exteriores tutelará la actuación de las autonomías en el extranjero

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no oculta su propósito de “internacionalizar el conflicto” catalán si el Gobierno, o los tribunales, le impiden celebrar su consulta soberanista. En plena precampaña electoral hizo dos polémicos viajes a Moscú y Bruselas y, en el nuevo Consell, ha encargado las relaciones exteriores a su hombre de confianza, Francesc Homs.

Pero esa ofensiva internacional puede quedar neutralizada por la nueva ley de Acción y Servicio Exterior, que debería llegar en las próximas semanas al Consejo de Ministros tras un intenso debate, no exento de tensiones, en el seno del Gobierno.

El anteproyecto parte de la base de que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado y de que las actividades en el exterior deben basarse en los principios de “unidad de acción” y “lealtad institucional y coordinación”.

Las comunidades autónomas pueden actuar en el extranjero en el ejercicio de sus competencias, pero deberán informar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de sus propuestas de viajes, visitas y actuaciones con proyección exterior, para que dicho departamento determine si se adecuan a los objetivos fijados por el Gobierno.

Se controlará la apertura de las ‘embajadas’ autonómicas

Según las fuentes consultadas, Exteriores no podrá prohibir a un presidente autonómico que vaya al extranjero, pero sí emitirá “recomendaciones”, avalando o desaconsejando el viaje. Si no se atendiera su recomendación, Exteriores podría negar el apoyo que habitualmente prestan las embajadas a los presidentes autonómicos en sus desplazamientos fuera. En muchas ocasiones, Exteriores se entera de dichos viajes cuando los servicios de protocolo de los presidentes autonómicos se ponen en contacto con las embajadas para pedirles su apoyo.

La tutela sobre la diplomacia autonómica no se limita a los viajes de los presidentes. El anteproyecto señala que se someterán a informe del Gobierno los acuerdos que las Administraciones autonómicas o locales celebren con organismos extranjeros o internacionales para verificar que no desbordan sus competencias constitucionales. En todo caso, la actuación de las autonomías en el extranjero deberá someterse “a las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijados por el Gobierno” y no podrán, en ningún caso, celebrar tratados internacionales, asumir la representación del Estado o incidir en la política exterior.

También se someterá a informe previo, de los departamentos de Exteriores y Hacienda, la propuesta de creación de oficinas de las comunidades autónomas en el extranjero y este informe, añade el texto, “tendrá carácter vinculante cuando se trate de comunidades autónomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria”.

La política exterior de las comunidades se someterá a la que fije el Ejecutivo

Se da la circunstancia de que Cataluña es una de las pocas autonomías (con el País Vasco y Andalucía) que ha rechazado la invitación de Margallo a cerrar sus oficinas en el exterior y acomodar a su personal en las embajadas; y también la primera en anunciar que su déficit en 2012 ha sido del 2,3%, ocho décimas por encima de su objetivo.

Pero no solo se controlará la diplomacia autonómica. También los responsables de las Cortes, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo informarán previamente de viajes y contactos internacionales.

El objetivo es acabar con la dispersión y descoordinación de la acción exterior. Para ello, se contará con dos instrumentos: el Consejo de Política Exterior —cuyo Consejo Ejecutivo estará formado por subsecretarios y secretarios de Estado— y la Estrategia de Acción Exterior, que recogerá las prioridades y objetivos de la política exterior y tendrá una vigencia de cuatro años.